La mora judicial es un mal que afecta a nuestro sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia, como máxima instancia judicial, tiene la responsabilidad de garantizar no solo la correcta interpretación y aplicación de la ley, sino también la celeridad en la resolución de las causas que llegan a su ámbito. Recordemos que según nuestra legislación de forma, la Corte actúa como última instancia en los juicios. Esto significa que los miembros de las distintas salas reciben causas ya después de varios años de haber sido iniciadas. Con más razón, debería priorizarse la celeridad en esta instancia.
La debida diligencia en los procesos judiciales es crucial, no solo para la eficiencia del sistema judicial, sino también para la credibilidad del mismo y el bienestar de la sociedad en general. La demora en la resolución de las causas judiciales tiene múltiples efectos negativos. En primer lugar, perjudica la imagen del sistema judicial. Cuando el ciudadano común ve que sus casos se dilatan sin justificación aparente, surge inevitablemente la percepción de impunidad y de falta de transparencia. Esta percepción puede llevar a un mayor escepticismo respecto al estado de derecho y a la justicia como pilar fundamental de la democracia.
Sin duda, la excesiva demora judicial tiene consecuencias directas y devastadoras para las partes involucradas. Los demandantes y acusados quedan atrapados en un limbo legal, lo que puede afectar sus vidas personales y profesionales de manera significativa. En casos civiles, esto puede implicar que una empresa no reciba una compensación justa y a tiempo, afectando su capacidad para operar y mantener empleos. En el ámbito penal, las víctimas de delitos pueden sentir que no se hace justicia, mientras que los acusados pueden pasar largos periodos en prisión preventiva sin una sentencia, lo cual es una violación directa de los Derechos Humanos.
Ahora, es importante entender que la celeridad no debe estar reñida con la calidad de la justicia. No se trata de apresurar los procesos a costa de un análisis riguroso y justo. Sin embargo, existen múltiples herramientas y estrategias que pueden y deben ser implementadas para agilizar los procedimientos sin comprometer la integridad del proceso judicial. La formación continua de jueces y funcionarios, así como la optimización de los procedimientos internos son pasos fundamentales en esta dirección.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia debe asumir un rol proactivo en la supervisión y mejora del sistema judicial en su conjunto, empezando por los propios gabinetes de los Ministros. Esto incluye no solo la resolución eficiente de los casos que llegan a su nivel, sino también la emisión de directrices claras y prácticas para las instancias inferiores. La implementación de mecanismos que tornen obligatorios los plazos establecidos en los códigos de procedimientos y el seguimiento estricto de los mismos puede ser un factor decisivo para mejorar la celeridad judicial.
La transparencia también juega un papel vital en este contexto. La Corte Suprema debe informar regularmente al público sobre el estado de los casos pendientes, los plazos establecidos y las razones de cualquier demora significativa. Se debe implementar un sistema de publicación de estos datos, a fin de que el ciudadano sepa que cantidad de expedientes están pendientes y desde hace cuanto tiempo. Esta apertura no solo fortalecería la confianza pública, sino que también permite una mayor responsabilidad y autoevaluación dentro del sistema judicial.
La prontitud de la justicia por parte de la Corte Suprema de Justicia no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino un componente esencial para la justicia y la democracia. Un sistema judicial rápido y eficiente fortalece la confianza pública, garantiza los derechos de todas las partes involucradas y contribuye al orden y la paz social. Es imperativo que nuestra Corte Suprema y todo el sistema judicial adopten medidas concretas y sostenibles para asegurar que la justicia no solo sea hecha, sino que sea hecha a tiempo. Es sin duda una materia pendiente por parte de la “nueva Corte Suprema de Justicia”.
