En un trascendental avance para el sistema penitenciario paraguayo, el gobierno decidió implementar la separación de los presos condenados de aquellos que aún no han recibido sentencia. Esta medida, que comenzará la próxima semana en la recién inaugurada cárcel de Minga Guazu en Alto Paraná, representa un cambio histórico en la administración de justicia y la dignificación de las personas privadas de libertad en Paraguay.
Durante décadas, las penitenciarías del país han sido descritas como «depósitos humanos» donde la violencia y el control por parte de organizaciones delictivas como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho imperaban, convirtiendo a estos centros en verdaderos imperios del crimen. La falta de diferenciación entre presos condenados y no condenados facilitaba la cooptación de los reclusos sin sentencia, quienes, sin la protección adecuada, se veían forzados a integrarse a estas organizaciones para sobrevivir.
Este escenario comenzó a cambiar con la intervención de la penitenciaría de Tacumbú mediante el operativo Veneratio, a lo que se sumó la expulsión de delincuentes brasileños pertenecientes a estas organizaciones criminales. La separación de presos condenados de los no condenados es un paso trascendental en este proceso de transformación, asegurando que quienes aún no han sido sentenciados no se conviertan en presas fáciles de los grupos criminales y tengan mayores oportunidades de reintegrarse a la sociedad.
El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, firmaron un memorándum de entendimiento para abordar conjuntamente la mora judicial y el hacinamiento en las cárceles del país. Este acuerdo busca identificar los casos judiciales actuales sin condena, acelerando los procesos y garantizando un acceso eficiente a la justicia.
El ministro Barchini enfatizó que los nuevos centros penitenciarios están diseñados para facilitar la reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad. A través de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Viceministerio de Política Criminal, se implementarán programas personalizados de estudio, capacitación en oficios y ahorro, con el objetivo de que los reclusos no reincidan en el delito una vez liberados.
Esta decisión representa un avance hacia la dignificación de los reclusos y la verdadera reinserción social. Al separar a los presos condenados de aquellos que no han sido sentenciados, se brinda una oportunidad real de rehabilitación y se fortalece el compromiso con los derechos humanos y la justicia.
A partir de ahora, la responsabilidad recae en el sistema judicial para resolver la mora en los procesos y descomprimir las cárceles, asegurando que esta política de separación y dignificación cumpla con sus objetivos y transforme positivamente la vida de los compatriotas privados de libertad.
