Después de 31 años se plantea nuevamente revisar la Ley que organiza el principal elemento de la República en materia de seguridad interna: la Policía Nacional. Hoy se trata en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional. Esta iniciativa, que busca revitalizar una institución fundamental para la estabilidad y el bienestar de la nación, sin embargo, está generando dudas y preocupaciones por las posibles derivaciones de su aprobación, tal como está formulada en la propuesta presentada.
En ese contexto, lo que debería ser un proceso de avance hacia una institución más eficiente y transparente, parece estar nublado por una serie de preocupaciones fundamentales que ponen en tela de juicio su viabilidad y coherencia con el marco jurídico y constitucional del país.
El texto propuesto, según revelaciones de nuestro diario plantea una serie de atribuciones que podrían traspasar los límites establecidos tanto por la Constitución Nacional como por otras leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entre las observaciones más destacadas, se encuentran algunas funciones que están reservadas a las Fuerzas Armadas, otras que ya están a cargo de otras dependencias del Estado, e inclusive se incluyen puntos que atañen a funciones del Poder Judicial.
Ante este panorama, se impone que el proceso legislativo se detenga y se lleve a cabo un análisis exhaustivo de las implicaciones operativas, legales y constitucionales del proyecto de ley. Si bien es cierto que la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional son objetivos loables y necesarios para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los paraguayos, no se puede permitir que esto se haga a expensas del orden jurídico establecido y del equilibrio entre las instituciones del Estado.
La Policía Nacional lleva sobre sus espaldas el descreimiento de la ciudadanía por los graves hechos de corrupción y de abusos en los que estuvieron implicados varios de sus efectivos. Es fundamental que esta institución trate primero de ganarse la confianza ciudadana, para que se le pueda otorgar los roles que el proyecto pretende concederles.
Es de esperar que los legisladores actúen con responsabilidad y patriotismo, velando por los intereses superiores de la nación y asegurando que cualquier reforma a la Policía Nacional se ajuste plenamente a los principios democráticos y constitucionales que rigen nuestro país. El compromiso debe ser sacar una Ley viable, que facilite el trabajo de las instituciones y no una que genere fricciones y superposiciones. El futuro de la seguridad interna de Paraguay depende de lo que hoy decidan los diputados.
