Los recientes acontecimientos violentos que sacudieron a la opinión pública nacional ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de analizar el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Frente a la inseguridad desatada por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes el presidente Santiago Peña había tomado la decisión de ampliar la zona de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hacia Canindeyú, debido principalmente a la efectividad que ha demostrado esta fuerza en la contención del accionar del grupo criminal conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Hay que reconocer que la confianza de la ciudadanía en el accionar de las fuerzas militares paraguayas es innegable, y ante situaciones de descontrol, es común escuchar el pedido por la intervención de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Esta posible intervención está respaldada por la Constitución de 1992, que prevé la colaboración de los militares en cuestiones de seguridad interna cuando la policía se ve rebasada en su accionar.
La operación de la FTC en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Amambay ha sido respaldada por una ley especial y la declaración de estado de excepción en dichas zonas. Ahora, el ministro del Interior, Enrique Riera, anunció la intención de solicitar nuevamente la ayuda de las fuerzas militares para custodiar instituciones clave y expandir la zona de acción hacia los departamentos de Alto Paraná e Itapúa.
En este contexto, se torna evidente que es necesario revisar el marco normativo actual para ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas para incorporar entre sus roles la materia de la seguridad interna. El emblemático asalto a Prosegur en Ciudad del Este en 2017, donde los delincuentes tomaron la capital del departamento del Alto Paraná, durante casi cuatro horas, evidenció la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades. En aquella ocasión, las unidades militares estacionadas en el Este podrían haber desplegado un operativo de defensa para proteger a la población aterrorizada, pero no actuaron, porque dicha función no está contemplada en sus roles.
Es fundamental entender que las Fuerzas Armadas no solo deben ser responsables de la integridad territorial, como establece la Constitución, sino que también pueden desempeñar un papel crucial en la seguridad interna del país. Al colaborar en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas militares no solo brindarán tranquilidad a la población, sino que también podrán demostrar que los impuestos de los ciudadanos se utilizan de manera efectiva en una estructura que está al servicio de la sociedad.
Es un buen momento para iniciar un debate serio y profundo sobre el papel de las Fuerzas Armadas y ampliar sus funciones para colaborar con seguridad interna, además de reforzar a las fuerzas policiales en la lucha contra el crimen organizado. Esta medida no solo fortalecerá la seguridad del país, sino que también brindará un cariz de modernización y adecuación de las fuerzas militares a los nuevos tiempos, además de reafirmar el compromiso de las instituciones castrenses con el bienestar de la población.
