Reglamentar la actividad de la criptominería se ha vuelto una cuestión impostergable en Paraguay. Esta actividad ha crecido de manera exponencial en los últimos años gracias a la energía limpia y económica que dispone nuestro país. Esta mayor demanda, sin embargo, está generando una serie de situaciones que desembocaron en un estado de descontrol, fomentando la ilegalidad y otras consecuencias que generan graves perjuicios para todos los paraguayos.
La ingeniera Mercedes Canese señaló en declaraciones a La Tribuna que las condiciones actuales, en las que operan las firmas habilitadas por la Ande, son desventajosas para el país. La resolución de la Ande, que habilita las operaciones, establece tarifas preferenciales para las criptominerías que no cubren siquiera el costo de transmisión, generando un desbalance económico que perjudica tanto a la estatal como a los consumidores. A esto se suma el problema de las granjas mineras ilegales que roban energía, causando un perjuicio aún mayor a la Ande.
Es evidente que se requiere una regulación más estricta y sanciones ejemplares para quienes cometen estos actos ilícitos. Las multas actuales resultan insuficientes frente a las ganancias obtenidas por los delincuentes. Además, es necesario investigar y sancionar la posible complicidad de funcionarios de la Ande en estas actividades irregulares.
Al mismo tiempo, nuestros parlamentarios deben distinguir entre la criptominería y los criptoactivos de una vez por todas. Mientras que la criptominería se refiere al proceso de validar transacciones y generar criptomonedas, los criptoactivos son activos digitales utilizados en transacciones financieras. Es fundamental no mezclar ambos conceptos en la legislación, concentrándose primero en regular el consumo de electricidad y las tarifas para las empresas mineras, además de establecer sanciones ejemplares para quienes se dedican y fomentan la actividad ilegal.
Durante el debate en el Congreso Nacional sobre la criptominería, quedó en evidencia la necesidad de separar estas dos cuestiones. La confusión reinante sobre el tema ha llevado a propuestas legislativas poco claras, que al final se convierten en un obstáculo para avanzar hacia una regulación adecuadas. El punto de controversia principal en este momento son las minerías digitales.
El senador Salim Buzarquis ha propuesto regular las granjas de criptominería con un marco legal adecuado y castigar con dureza a las operaciones clandestinas que roban energía. Esta postura es compartida por la mayoría de los participantes en el debate, quienes también han destacado la necesidad de criminalizar el robo de energía y sancionar a los cómplices dentro de la Ande.
La responsabilidad en este momento recae en los legisladores para establecer un marco normativo que signifique un mayor beneficio para el país, terminar con el descontrol que actualmente impera y ofrecer condiciones favorables para las empresas interesadas en esta actividad. El momento exige que los legisladores actúen con determinación y responsabilidad para aprovechar mejor nuestros recursos y construir un futuro sostenible para el país.
