La escalada de tensiones entre Ecuador y México está generando una profunda preocupación a nivel internacional, exacerbando una crisis diplomática de proporciones entre ambos países. En el centro de esta disputa se encuentra el asalto policial a la embajada de México en Quito, un acto que no solo constituye una flagrante violación de la Convención de Viena, sino que también pone de manifiesto la complejidad y la delicadeza de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, justificó la incursión en la legación mexicana bajo el argumento de que se había solicitado previamente el permiso para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por actos de corrupción y refugiado en la embajada mexicana. Sin embargo, tal acción unilateral representa un desafío directo al principio de inviolabilidad de las embajadas, un pilar fundamental del derecho internacional.
No obstante, sería bueno separar la paja del trigo, en este caso, ya que es crucial distinguir entre el legítimo ejercicio del derecho de asilo político y el intento de otorgar impunidad a individuos acusados de corrupción.
Si bien las naciones tienen el derecho soberano de conceder asilo a quienes consideren, este privilegio no debe ser utilizado como un escudo para proteger a delincuentes y desvirtuar su propósito original. En el caso de Glas, su situación no se deriva de una persecución por sus ideas políticas, sino de acusaciones y condenas por corrupción, un hecho que debió haber sido tenido en cuenta por México. Existen antecedentes en latinoamérica de casos en que se le negó el refugio político a un ex presidente acusado de corrupción. Tal es el caso del exmandatario peruano Alan García, quien casi en las mismas condiciones que Glas solicitó asilo político a Uruguay y en aquel entonces, el gobierno de Tabaré Vázquez, le había negado ese privilegio.
La reacción de México al pretender otorgar asilo político a Glas también merece un análisis crítico. Si bien el derecho internacional reconoce la facultad de los Estados de brindar protección a individuos perseguidos por motivos políticos, este acto debe realizarse con responsabilidad y respeto por los principios de justicia y legalidad.
La crisis diplomática entre Ecuador y México no solo amenaza con desestabilizar las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que tendrá repercusiones políticas y económicas a nivel interno, que la administración de Noboa deberá asumir. La condena internacional, las posibles sanciones y la suspensión de negociaciones comerciales son solo algunas de las consecuencias que Ecuador enfrentará como resultado de su accionar.
Es importante que las autoridades ecuatorianas y mexicanas busquen una solución diplomática y pacífica a esta crisis, basada en el respeto mutuo, el estado de derecho y los principios fundamentales del derecho internacional, ya que ambas partes tienen su cuota de responsabilidad en este impasse. La comunidad internacional debe desempeñar un papel activo en la búsqueda de una resolución que promueva la justicia y el respeto por la soberanía de las naciones involucradas.
