El fenómeno de las criptomonedas irrumpió en el escenario global con una fuerza imparable, transformando los paradigmas tradicionales del sistema financiero. En este contexto, Paraguay se destaca como un punto de atracción para la producción de activos digitales, gracias a su potencial de energía limpia y barata proveniente de sus grandes represas. Sin embargo, esta oportunidad se ve ensombrecida por la presencia de minerías ilegales.
Estas granjas clandestinas de minería digitales, que no solo generan pérdidas millonarias para el país, sino que también representan un riesgo para la estabilidad del suministro eléctrico, proliferaron en el país prácticamente desde el inicio de la popularización del Bitcoin. La falta de regulación adecuada, pero por sobre todo -cuándo no- la corrupción en las instituciones gubernamentales, ha permitido que estas actividades ilegales prosperen en forma desmedida, en diferentes puntos del país.
El proyecto de ley presentado por un grupo de senadores para prohibir temporalmente la producción de criptomonedas en el país es, sin duda, una medida preocupante y desproporcionada. Si bien es legítimo buscar soluciones para abordar las actividades ilegales, prohibir indiscriminadamente a todos los mineros legales no es la respuesta adecuada. Esta medida, además de ser injusta para aquellos que operan dentro de la legalidad, no resolverá el problema de fondo y solo contribuirá a la proliferación del mercado negro.
Resulta lamentable que en lugar de desarrollar un marco legal integral que fomente la innovación y garantice un entorno seguro para las inversiones en criptomonedas, se pretenda recurrir a medidas drásticas que afectan negativamente a un sector con un enorme potencial económico para el país. Paraguay tiene la oportunidad de posicionarse como un líder regional en el ámbito de las criptomonedas, pero esto solo será posible mediante una legislación inteligente que promueva la transparencia, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible.
Es fundamental que las autoridades y legisladores comprendan la complejidad de este fenómeno y trabajen en conjunto con expertos en el campo para elaborar normativas que aborden eficazmente los desafíos y aprovechen las oportunidades que ofrecen las criptomonedas. La regulación no debe ser un obstáculo para la innovación, sino un catalizador para el crecimiento económico y la inclusión financiera.
En este sentido, hay que recordar que ya existen esfuerzos previos para establecer un marco legal para las criptomonedas en Paraguay que datan del 2022. Si bien el veto presidencial frenó aquel intento, es hora de retomar el debate y avanzar hacia una regulación que refleje la realidad cambiante del mundo digital.
La comunidad internacional está observando de cerca cómo Paraguay aborda este desafío, y es imperativo que nuestras autoridades demuestren liderazgo y visión de futuro en este tema. El futuro económico del país está en juego, y es responsabilidad de todos garantizar que esté preparado para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece la revolución digital.
Esperamos que nuestros representantes en el Congreso actúen con prudencia y sensatez, buscando soluciones equilibradas que impulsen el desarrollo económico y que por sobre todo protejan los intereses de todos los ciudadanos. Paraguay no puede quedarse atrás en esta carrera hacia el futuro digital, pero debe hacerlo con transparencia, con una ciudadanía informada y aprovechando el enorme potencial que tienen las generaciones jóvenes, que ya están inmersas en el campo de la tecnología y que pueden aportar conocimientos y experiencias para un buen resultado.
