En medio de un escenario mundial marcado por la creciente relevancia de las criptomonedas, Paraguay se encuentra enfrentando un desafío sin precedentes: la proliferación de plantas clandestinas de criptominería que, en su afán por obtener beneficios millonarios, están saqueando los recursos energéticos del país de una manera despiadada y descontrolada.
Desde hace un buen tiempo se vienen realizando una serie de intervenciones que dejaron al descubierto operaciones clandestinas de criptominería en diferentes puntos del territorio nacional. Estos operativos evidencian la existencia de una red de actividad ilegal que, lejos de ser una simple irregularidad, constituye un descarado y sistemático robo, para generar ganancias multimillonarias en perjuicio de los contribuyentes y consumidores paraguayos.
Estas estructuras de criptominerías son gigantescas y complejas y no pueden ser erigidas sin el conocimiento y la complicidad de personas con acceso privilegiado a los recursos eléctricos del país. Es alarmante constatar cómo, bajo la sombra de la impunidad, se roba energía eléctrica a gran escala, con pérdidas que ascienden a millones de dólares mensuales, equivalentes al consumo total de ciudades enteras. No hay que desconocer el terrible impacto ambiental que puede tener esta práctica, por lo que además del robo sistemático representa un peligro para toda la sociedad.
Lo más preocupante de esta situación es la aparente connivencia de algunos sectores del Estado paraguayo. Se menciona la complicidad de funcionarios de la ANDE y profesionales electricistas. Este tipo de estructuras, no pueden ser montados por cualquiera. Evidentemente hay participación de profesionales, que tienen habilitación de la Ande. Lo más preocupante es que ante la gravedad y la magnitud de las operaciones, hasta el momento, no se haya logrado detener ni procesar a los responsables de estos actos delictivos.
La reciente amenaza a funcionarios de la ANDE en Ciudad del Este es un claro indicio de que estos grupos operan como verdaderas organizaciones criminales, dispuestas a cualquier medida para proteger sus intereses ilícitos. Estamos ante una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes.
Es imperativo que el Ministerio Público asuma su responsabilidad en el combate contra esta operación mafiosa que amenaza con arraigar profundamente en nuestro país. Del mismo modo, el departamento jurídico de la ANDE debe actuar con determinación para proteger los intereses de la institución y de todos los ciudadanos paraguayos que se ven afectados por este flagelo.
Es fundamental que Paraguay, con su enorme potencial en el ámbito energético, no permita que esta actividad ilegal se convierta se arraigue en el país. La regulación y supervisión efectivas de la criptominería son indispensables para salvaguardar nuestros recursos y evitar que organizaciones criminales internacionales se adueñen de un negocio que, en manos responsables, podría representar una oportunidad de desarrollo para el país.
Es momento de actuar con determinación y firmeza para combatir la creciente amenaza de la criptominería clandestina, protegiendo así nuestros recursos, nuestra economía y el bienestar de todos los ciudadanos.
