No siempre lo legal es legítimo. Lo demostraremos de manera simple sobre un hecho que hoy está en el debate púbico. Por ejemplo, para Abdo Benítez es su potestad legal mantener a Edgar Olmedo como su representante en el Consejo de la Magistratura y a Daniel Benítez en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, para parte de la ciudadanía dicha postura presidencial es ilegítima.
Es posible que para el mandatario carezca de valor que tanto Olmedo como Benítez hayan guardado una denuncia sobre el presunto sitio donde estarían Denis y Urbieta, y por eso se aferra a lo legal para que los dos sigan en sus cargos. En tanto, para una parte de la sociedad el primero no puede permanecer en un lugar donde se define la terna del nuevo titular del Ministerio Público y el segundo no puede liderar el Ministerio de Justicia, por no ser ya legítimos. Ambos evitaron, con el silencio, el chequeo institucional de un dato que podría servir para ubicar a dos personas secuestradas.
La legalidad a la que se aferra Marito está ciertamente en su jurisdicción. La legitimidad que cuestiona una parte de la población tiene una trascendencia que va más allá de lo legal. Efectivamente, lo legal es por la potestad presidencial de Abdo Benítez de mantener o sacar a Olmedo y Benítez. Lo legítimo ya hace referencia a lo lícito y justo. ¿Es saludable que uno tenga aún legitimidad para definir la terna de la Fiscalía General del Estado y otro sea cabeza de la cartera de Justicia, tras el manoseo que permitieron sobre ciudadanos secuestrados y sus respectivas familias?.
Marito tiene razón en ampararse en lo legal para sostener a Olmedo y Benítez. Pues su autoridad está refrendada por la ley que confiere al Presidente designar, cambiar o sacar funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo legal debe garantizar una conducta basada en conceptos éticos y morales de cada sociedad. O sea, lo legítimo no se limita solo a la mera legalidad. Pues tiene un vínculo sólido con la justicia.
Marito es quien tiene la lapicera para hacer designaciones y proteger funcionarios dentro de su propia lógica. La ley, por ser cabeza de gobierno, le ampara en eso. Aunque por la denuncia conocida, por las dudas que crecen, en un tema demasiado sensible, ya no puede actuar con capricho para no remover a Olmedo y Benítez. Pues acá ya va contra lo legítimo, que es lo justo, lícito, razonable, permitido y cierto.
Entonces coincidamos que no todo lo legal es legítimo. En el caso de Olmedo y Benítez, ellos ya sólo están en sus cargos por la decisión legal asumida por el que funge como gobernante, pero ya no son legítimos ante la ciudadanía. Uno no puede estar en el Consejo de la Magistratura para definir, nada más y nada menos, que la terna de la cabeza del Ministerio Público. El otro no puede ser ministro de Justicia. La continuidad de ambos solo conlleva a afirmar que Marito es un presidente legal, pero es un gobernante ilegitimo.
