En el corazón de una democracia saludable y funcional yace el ejercicio responsable del poder por parte de quienes lo detentan. El presidente de la República y sus ministros, como principales figuras de autoridad, tienen la sagrada responsabilidad de gobernar en beneficio del pueblo que los eligió. Este ejercicio implica no solo la toma de decisiones informadas y en línea con los intereses nacionales, sino también la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todas las acciones. Todos los funcionarios electos deben, sin excepciones, rendir cuentas y mostrarse abiertos a dar explicaciones respecto a sus funciones y al modo en que echaron mano de la administración pública.
El presidente, investido con el poder ejecutivo, debe actuar con prudencia y sensatez, escuchando las voces de todos los sectores de la sociedad y trabajando para el bienestar común, más allá de intereses partidistas o personales. Por esto, es tal vez el funcionario más expuesto y el que con más razón debe rendir cuentas al pueblo.
Los ministros, por su parte, tienen la tarea de asesorar al presidente con conocimientos expertos y éticos, garantizando que las políticas y decisiones tomadas estén fundamentadas en evidencia sólida y en consonancia con los principios democráticos. Además, deben estar comprometidos con la legalidad y la justicia, asegurando que las leyes se cumplan y que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos. Son responsables de dar un uso estrictamente institucional a las herramientas a las cuales tienen acceso.
El ejercicio responsable del poder implica también la capacidad de reconocer errores y, en su caso, afrontarlos ante la justicia si fuera necesario. Tanto el presidente como sus ministros deben estar abiertos a la crítica y a afrontar procesos en caso de que exista la sospecha de mal desempeño en sus funciones.
Últimamente, el ambiente político se encuentra atento a la situación surgida con relación al gobierno anterior y específicamente respecto a algunos funcionarios que han sido imputados. Debemos recordar que el ejercicio responsable del poder no es un privilegio, sino una obligación sagrada que debe ser asumida con la mayor seriedad y compromiso.
¿Ha ejercido el poder responsablemente Mario Abdo? ¿Lo han hecho sus ministros? La respuesta está en la justicia, y más allá de las múltiples polémicas que surgen alrededor de la imputación, debemos enfocarnos en el fondo de la cuestión a fin de determinar si ha existido un uso indebido de instituciones públicas con beneficios más allá de los estrictamente legales.
