Lamentablemente, es costumbre que sectores políticos y mediáticos intervengan en procesos judiciales mediante la fuerte presión que son capaces de ejercer sobre fiscales, jueces y magistrados. Por eso, la tarea de la Fiscalía será sin duda compleja, tal vez por el debate jurídico, pero seguramente por la carga y el trasfondo políticos.
En medio de una sacudida política con escasos precedentes, nuestro país y principalmente el Ministerio Público se enfrentan a un nuevo dilema tras la imputación del ex presidente de la República, Mario Abdo, y de cercanos colaboradores a su gobierno. Nuevamente, el sistema judicial enfrentará desafíos que demandarán un manejo transparente y justo por parte de las instituciones de investigación, tratando de mantenerse ajenas a las consabidas influencias de terceros que pretenden imponer su postura.
La imputación de un ex presidente no es un asunto trivial; es una muestra de que todos estamos sometidos a las reglas del Estado, a la justicia y a la rendición de cuentas, forma en la cual se configura realmente el mencionado estado de derecho. Habrá voces a favor y voces en contra; la opinión pública, en legítimo uso del derecho a opinar e incluso intervenir en asuntos de carácter público, demandará que la cuestión se resuelva en uno u otro sentido.
En este aspecto, el papel de la fiscalía, encabezada por el Fiscal General, se erige como una pieza fundamental en el proceso y debe ejercer su deber con imparcialidad y determinación. A pesar de las presiones de sectores políticos y de medios de prensa con una clara tendencia opositora, el Ministerio Público ha resuelto encarar este proceso en otra tentativa de cumplir con su función legal de manera libre e independiente.
Es crucial destacar que el propio Mario Abdo designó al Fiscal General, a pesar de lo cual la denuncia formulada en contra del ex presidente y otros colaboradores sigue su curso en un intento de mantener la separación de poderes y la autonomía de las instituciones judiciales. Es verdad que existen otras causas denominadas “emblemáticas” que parecerían estancadas, sin embargo, ese hecho no puede desmeritar la labor realizada en los demás procesos y ante la verosimilitud de las denuncias formuladas.
No es posible depender de la temperatura política ni mediática para avanzar en causas penales. El proceso que se avecina no solo representa un juicio hacia un individuo, sino también un examen crítico del sistema democrático paraguayo y del funcionamiento de las instituciones que manejan información sensible. Para las autoridades, es una oportunidad para fortalecer las instituciones, reafirmar el Estado de derecho y enviar un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia el abuso de poder.
Para los sectores políticos y medios de prensa, así como para la opinión pública, será un interesante ejercicio para respetar las reglas consensuadas en la conformación del estado, permitiendo que el órgano de investigación y representación de la sociedad realice su trabajo sin influjos externos. Es imperativo que los ciudadanos y las autoridades permanezcan vigilantes y comprometidos con la transparencia y la justicia, pero también es obligación de todos respetar los procesos con miras al irrestricto cumplimiento de la ley, caiga quien caiga.
