La fiscalía ha formulado imputación contra el ex presidente Mario Abdo y varios colaboradores de su gobierno. Sin duda esta noticia sacude los cimientos políticos del país, pero también pone en la mira a las instituciones que habrían participado de los hechos denunciados. Las acusaciones de filtración de información confidencial y secreta a medios de prensa y la manipulación de datos para desacreditar a sus adversarios políticos son los hechos que el ministerio público atribuye a los imputados, y de confirmarse, constituirían un golpe a la confianza pública, a la integridad del sistema democrático y por supuesto, al estado de derecho.
Ante estas graves imputaciones, tanto algunos de los imputados como sus adeptos y simpatizantes ya han adelantado las eventuales defensas extra juicio que podrían esgrimir. Algunos argumentos preliminares dan cuenta de una postura de desconfianza, pues aseguran que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial actuarían conforme a los intereses de los denunciantes. Al respecto, cabe mencionar que el ex presidente Mario Abdo prestó el consentimiento para el nombramiento de 7 miembros de la Corte Suprema del Justicia, del mismo modo en que ha designado al actual Fiscal General de la República. Por ende, esta estrategia de defensa se ve debilitada y carece de rigor fáctico. Respecto a la cuestión de fondo aún no hay pronunciamiento, por lo que se deberá aguardar la sustanciación de la etapa investigativa para conocer los elementos de descargo que pretendan utilizar ante los graves hechos denunciados.
Es importante también recordar el informe de Gafilat del año 2023 al respecto, ya que esta institución había hecho notar el desprolijo y promiscuo modo en que era manejada información sensible y de carácter confidencial por parte de la Seprelad. Varias recomendaciones fueron hechas por la organización intergubernamental, las cuales fueron desoídas por los responsables. Hoy, el proceso versaría justamente sobre estos hechos objetados pero incumplidos.
Si bien es difícil sacar conclusiones debido a la insipiencia del proceso investigativo, de acuerdo con el acta de imputación y al relato de hechos que contiene, se puede considerar que los hechos atribuidos a los imputados gozan de verosimilitud, requisito fundamental para la procedencia y subsistencia de la causa. Por esto, será fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente, libre de influencias políticas, para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer las consecuencias legales correspondientes. Ningún individuo, independientemente de su cargo o estatus que haya ocupado, debe estar por encima de la ley.
El momento de rendir cuentas ha llegado. La sociedad exige transparencia y responsabilidad por parte de aquellos que ostentan el poder político y un irrestricto respeto por el estado de derecho. La sola sospecha de que un presidente de la República y sus ministros hayan utilizado instituciones del Estado como garrote para perseguir y perjudicar a sus rivales políticos, y además utilizando mecanismos ilegales nos llevan a vivir una pesadilla en la que el terrorismo de estado es el principal protagonista. De confirmarse, nos encontraríamos ante los peores delitos cometidos por un mandatario en toda la era democrática.
La ciudadanía espera que sus líderes políticos asuman la responsabilidad por sus acciones y que se respeten los principios éticos y democráticos que sustentan la convivencia civilizada, del mismo modo en que exige un proceso limpio y libre de influencias externas. La imputación contra el ex presidente y sus colaboradores es una llamada de atención para toda la clase política, recordandoles que el ejercicio del poder conlleva una gran responsabilidad y que el pueblo está atento a cada uno de sus actos.
