El concepto de estado de derecho implica una filosofía política, según la cual tanto ciudadanos, como instituciones, gobernantes, legisladores y líderes políticos deben regirse por las mismas leyes. Así, literalmente todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos, sin que prevalezcan derechos de unos por sobre el de otros.
Lógicamente, nadie debería escapar a esta regla. Sin embargo, en la vertiginosa dinámica del Estado de Derecho, los actores políticos, la sociedad en su conjunto y los medios de prensa a menudo distorsionan las reglas en función de sus intereses y afinidades políticas, socavando así la equidad y la imparcialidad que deben regir en un sistema democrático. Esta práctica flagrante se manifiesta en la manipulación selectiva de las normativas, evidenciando una dualidad injusta en su aplicación.
Cuando las reglas que impone el estado de derecho afectan negativamente a “enemigos”, son buenas e inflexibles; cuando afectan a “amigos”, las reglas no son claras y son malinterpretadas. Las emociones surgidas de la afinidad ideológica, comercial o de otro tipo no pueden alterar la objetividad de la aplicación de la ley.
Los actores políticos, ansiosos por consolidar su poder y asegurar su permanencia en el escenario político, tienden a torcer las reglas del estado de derecho según convenga a sus agendas. Modifican abiertamente las normativas para favorecer a sus aliados y castigar a sus opositores, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando los cimientos democráticos. No olvidemos, por ejemplo, la cantidad de legisladores que han perdido su investidura en el periodo pasado; de estos casos, muy pocos, por no decir ninguno, fue considerado una afrenta al estado de derecho ni han sido merecedores del lamento ciudadano ni del análisis de la prensa.
Por otro lado, la sociedad, influenciada por narrativas partidistas y sesgos ideológicos, muchas veces tolera o incluso respalda estas manipulaciones, perpetuando la polarización y la injusticia en el sistema. La falta de exigencia de coherencia a los líderes políticos y formadores de opinión permite que la flexibilización de la ley prevalezca.
Los medios de prensa, en tanto guardianes de la democracia, tienen la responsabilidad de ser imparciales y objetivos en su cobertura. Sin embargo, demasiado a menudo sucumben a presiones políticas o económicas, alineándose con determinadas ideologías y forzando la realidad para favorecer a ciertos grupos y desacreditar a otros.
Esta práctica de acomodar las reglas del estado de derecho desmejora la legitimidad de las instituciones democráticas y golpea la confianza del público en el sistema político. Para salvaguardar la integridad del estado de derecho, es imperativo que los actores políticos sean responsables, que la sociedad exija transparencia y que los medios de prensa se comprometan con la veracidad y la imparcialidad en su labor informativa. Finalmente, es estado somos todos, y el estado de derecho lo construimos todos.
