Múltiples crímenes de lesa humanidad se han cometido en época de la dictadura; pocos han sido juzgados. Las víctimas y sus familiares han reconstruido sus vidas en algunos casos. En otros, el tiempo ha hecho su trabajo y, aunque no hayan olvidado, han aprendido a convivir con los fantasmas del pasado. La justicia, al menos en este caso ha llegado; tarde, pero ha llegado.
La reciente condena dictada por el Tribunal de Sentencia ha dispuesto pena privativa de libertad de 30 años a Eusebio Torres Romero, un expolicía torturador de la época de la dictadura. Es significativa la resolución, sobre todo cuando el Ministerio Público había solicitado una pena de 15 años, la cual ha sido considerada insuficiente para los miembros del Tribunal. Este es un claro mensaje por parte del Poder Judicial, pues la sentencia pasa de ser meramente testimonial a ser ejemplificadora y sentar un precedente que representa seguramente el sentir de la gran mayoría de nuestros compatriotas.
La resolución marca un hito en la búsqueda de justicia y verdad histórica en el país, trasciende el tiempo y las excusas coyunturales. Este fallo es acaso el inicio de un proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese oscuro período de la historia paraguaya.
La condena refleja un paso importante hacia la reparación de las víctimas y sus familias, así como hacia la consolidación del estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos en Paraguay. Si bien la justicia ha tocado tarde la puerta del culpable, lo ha hecho de manera contundente y tal vez para reparar daños incluso de aquellos que ya no han podido acceder a un proceso.
El proceso no solo tiene consecuencia para las víctimas directas de los crímenes juzgados, sino para todos los miembros de nuestra comunidad, pues subraya la necesidad de que la justicia, a cualquier costo y a pesar del tiempo, llegue a la verdad. Obviamente es necesario fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia del Poder Judicial para agilizar casos como este, de mucha relevancia. Aún así, el hecho de evitar la impunidad y asegurar que los responsables de atrocidades sean llevados ante la justicia, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido es aún más importante.
La sentencia también destaca la importancia de preservar la memoria histórica y promover la reconciliación nacional, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y honrando su lucha por la verdad y la justicia. Es un recordatorio de que los crímenes del pasado no pueden quedar impunes y de que la sociedad debe confrontar su pasado para construir un futuro basado en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
Este fallo judicial envía un mensaje claro de que los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos no serán tolerados, incluso décadas después de haber ocurrido. Es un paso trascendental hacia la consolidación de una cultura de justicia y responsabilidad en Paraguay y un recordatorio de que, aunque la justicia pueda llegar tarde, finalmente llega.
