El proceso de pérdida de investidura en Paraguay ha sido un tema de debate constante, ya que en los últimos años se ha convertido en una especie de moda, la cual busca detrás de la fachada de la indignación, moldear el Congreso según lo requiera la coyuntura política del momento.
Tanto oficialistas como opositores han echado mano de esta herramienta; son varios los casos que han culminado con la expulsión de senadores y diputados electos en sufragio en los últimos tiempos. Ambas partes han utilizado el proceso de pérdida de investidura con fines meramente políticos y lógicamente, también ambas partes han levantado voz de protesta cuando el procesado era miembro del partido o movimiento al que pertenecen.
Tanto oficialistas como opositores han jugado con las mismas reglas, o más bien las han utilizado según los dictados del momento político. Lo notable es que el nivel de indignación varía según a que carpa pertenezca el enjuiciado de turno, cuando debería usarse la misma vara para medir a todos los actores políticos por sus hechos, jamás por otras cosas.
Así, los procesos de pérdida de investidura han estado marcados por la ambigüedad y la falta de reglas claras. Este procedimiento, destinado a destituir a funcionarios electos por mal desempeño o conducta inapropiada, ha sido objeto de manipulación política y variaciones según la coyuntura y la conveniencia de los políticos de turno.
Las reglas que rigen este proceso parecen ser maleables, adaptándose a las necesidades y agendas de los partidos políticos dominantes en cada momento. Esto crea un clima de incertidumbre y falta de transparencia, donde la justicia y la imparcialidad quedan comprometidas. Y es que las mayorías mandan; en su momento opositores han construído mayoría y han expulsado a oficialistas, también oficialistas lo han hecho en las mismas condiciones.
Más allá de moldear la conformación del Congreso, existe una cuestión sumamente grave. El tiempo y los recursos que se destinan al tratamiento de estas cuestiones son desproporcionados, especialmente cuando no existen reglas claras que guíen el proceso. Esta falta de claridad contribuye a la parálisis institucional y distrae la atención de temas urgentes que requieren atención inmediata para el desarrollo del país.
Mientras se debaten los casos de pérdida de investidura en un ambiente de incertidumbre y arbitrariedad, temas cruciales como la educación, la salud y la infraestructura quedan relegados, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Nos cansamos de insistir en temas cruciales como el tratamiento del Anexo C de Itaipú, el proyecto “Hambre Cero”, la precaria situación del IPS, y otros tantos temas que podrían realmente construir el país se ven relegados por disputas egoístas de nuestros actores políticos.
Urge reencauzar la política. No es posible destinar los escasos recursos con que cuenta el Paraguay en cuestiones banales y ajenas al verdadero fin de un poder del Estado, cual es legislar, establecer las bases y condiciones sobre las cuales debemos edificar el futuro de nuestro país.
Abogamos por que la clase política concentre sus fuerzas y energías en el fin para el cual han sido electos, y que trabajen en lo importante sin reparar en absurdos que lastimosamente hacen nuestro día a día.
