Una vez más nuestro país se encuentra ante la grave amenaza de tener que pagar la factura de decisiones pasadas. En este caso hablamos de la suspensión de las obras del Metrobús en 2018 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Dicha acción motivada por el populismo y el revanchismo político deja al país ante la desagradable posibilidad de abonar USD 16.5 millones a la empresa portuguesa Mota Engil, según el Laudo Arbitral, dictado en diciembre de 2023.
La Procuraduría, en representación del Estado, respondió ahora presentando un recurso de nulidad contra esta condena, subrayando las irregularidades legales que rodean el caso. Sin embargo, más allá de las cuestiones legales, lo que queda patente es la irresponsabilidad política que marcó la suspensión del proyecto del Metrobús, una decisión que sigue persiguiendo al país y a su economía.
En aquel entonces, el gobierno de Abdo Benítez optó por suspender el proyecto del Metrobús, una medida que, según algunos sectores críticos, fue tomada sin un análisis técnico y jurídico adecuado. En tales condiciones se tomó una decisión motivada solamente por la sed de venganza política y la necesidad de complacer a ciertos sectores de la sociedad y a la prensa.
El resultado de esta situación es una deuda multimillonaria que recae sobre los hombros de la sociedad paraguaya. La suspensión del Metrobús no solo representa una pérdida financiera significativa, sino también un golpe a la reputación del país en términos de estabilidad política y planificación a largo plazo.
La falta de visión y liderazgo en la toma de decisiones gubernamentales durante ese período ha dejado a Paraguay con una condena económica que podría haberse evitado con un enfoque más responsable y sensato. La polarización política, el populismo y el revanchismo, en este caso frustró un proyecto que podría haber sido altamente beneficioso para la movilidad de los trabajadores, y ahora el país paga las consecuencias.
No es la primera vez que la sociedad paraguaya enfrenta este tipo de situaciones, que son consecuencias de administraciones ineficientes e irresponsables. Esta nueva experiencia debe servir a la sociedad y a los líderes políticos para evitar repetir errores del pasado. Se deben también tomar acciones contra los funcionarios públicos que dejan este tipo de herencia.
Paraguay merece contar con autoridades que prioricen el bienestar general de la población y que actúen con responsabilidad en la toma de decisiones, dejando de lado los intereses sectoriales y particulares, que a la larga terminan como una pesada carga para toda la sociedad.
