En medio del desconcierto y la controversia que rodea al fallido intento de trasladar a un funcionario de la Contraloría al Senado, surge una pregunta fundamental: ¿Dónde recae la responsabilidad en esta confusa situación en lo que concierne a la institución? El Sub Contralor de la República, figura clave en la salvaguarda de la transparencia y la integridad institucional, se encuentra en el epicentro de estos cuestionados y sospechosos hechos.
Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad ha iniciado ninguna investigación respecto a la grave ilicitud en la que cayó el abogado Augusto Paiva; el subcontralor está “sub controlado”. Esto es algo que no se puede dejar pasar. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes. Es inaceptable que, hasta el momento, ninguna autoridad haya tomado la iniciativa investigativa sobre el subcontralor, mientras que el funcionario objeto del traslado ha sido sujeto de escrutinio público, sumariado en la institución, y recientemente la fiscalía a sugerido el inicio de una investigación de oficio. Es tan responsable quien autorizó el acto ilegítimo como quien fue objeto del mismo.
Esta omisión investigativa y procesal corroe los cimientos mismos de nuestra democracia. Es imprescindible que el Subcontralor asuma su responsabilidad y brinde explicaciones detalladas sobre su participación en este episodio. La opacidad y la impunidad no tienen cabida en una sociedad que aspira a la justicia y la equidad. Hasta hoy ha reinado el silencio por parte de Paiva.
El subcontralor, en su calidad de garante de la probidad administrativa, debe ser sujeto a escrutinio público y responder por sus acciones, del mismo modo en que es su obligación exigirla a los demás actores públicos. El silencio y la inacción frente a este asunto solo alimentan la desconfianza y la percepción de impunidad. Las instituciones democráticas deben actuar con diligencia y transparencia para preservar su legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía, más aún tratándose de un funcionario de la Contraloría. Es hora de que se haga justicia y se rindan cuentas ante la nación.
La responsabilidad del subcontralor Paiva trasciende los límites de su cargo; representa un compromiso ético y moral con la sociedad. Su actuación, o la falta de esta, determinará el curso de la confianza pública en nuestras instituciones y en el Estado de derecho. Ciertamente, la temperatura social indica que ya no es posible soportar un acto más de este tipo.
La integridad y la transparencia deben prevalecer sobre los intereses individuales o partidistas. La rendición de cuentas es el pilar fundamental de cualquier sistema democrático y función principal de la Contraloría. Ningún funcionario, sin importar su posición, debe estar exento de ella. Es tiempo de que se actúe con determinación y se restablezca la confianza en nuestras instituciones.
