Desde el año 2013, las municipalidades y gobernaciones de nuestro país han sido beneficiadas con millonarias sumas provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). La idea detrás de este fondo, creado por la Ley N.º 4758/2012, era clara y noble: destinar una parte de los recursos obtenidos por la cesión de la energía de Itaipú al desarrollo, la educación y la salud en Paraguay. Sin embargo, la realidad hoy nos muestra una historia lamentable: numerosas escuelas se encuentran en condiciones deplorables, a pocos días del inicio de clases.
El presidente Santiago Peña recientemente intentó devolver el control de estos recursos al control del Ministerio de Educación, desatando una reacción inmediata por parte de gobernadores e intendentes. Es comprensible que los gobiernos locales deseen administrar estos fondos, ya que conocen mejor las necesidades de sus comunidades. Sin embargo, es evidente que se requieren mecanismos de control más efectivos para frenar la corrupción desenfrenada, pues los hechos muestran que estos fondos no se están utilizando como se había previsto.
El FONACIDE fue concebido con la intención de mejorar la infraestructura educativa, pero las denuncias de corrupción y malversación de fondos han manchado su implementación desde el principio.
El problema subyacente radica en la falta de transparencia y control en el uso de estos fondos. La creación de empresas ficticias, la construcción de obras inservibles y el desvío de recursos para fines personales son solo algunos ejemplos de la desastrosa gestión de un fondo que tenía como objetivo primordial el desarrollo educativo.
De los 360 millones de dólares que recibe Paraguay por la cesión de energía de Itaipú, el 27% está destinado a los gobiernos departamentales y municipales a través del FONACIDE. Es imperativo que se establezcan mecanismos de control más rigurosos para garantizar que estos recursos se utilicen de manera efectiva en la mejora de la infraestructura escolar y en el desarrollo educativo de nuestras comunidades.
Es comprensible la resistencia de los gobiernos locales a ceder el control, pero es crucial encontrar un equilibrio entre la descentralización y la rendición de cuentas. Se debe promover la participación activa de la sociedad civil y la implementación de auditorías independientes para garantizar que cada guaraní destinado al FONACIDE se traduzca en un beneficio tangible para nuestras escuelas y, por ende, para el futuro de nuestra nación.
Es tiempo de cerrar las puertas a la corrupción, establecer mecanismos de control efectivos y asegurar que el FONACIDE cumpla con su propósito original: ser un impulso financiero para el desarrollo de la educación en Paraguay.
