Es innegable que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) se constituyen en motores importantes que impulsan nuestra economía y generan empleo para una parte significativa de la población. En los últimos tiempos, estas entidades están recibiendo atención del gobierno, que busca implementar medidas innovadoras para fortalecer este vital sector económico.
Una de las iniciativas más destacadas es la posibilidad de que las MIPYMES ingresen al sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), un paso fundamental hacia la protección y bienestar de los trabajadores y emprendedores que integran estas empresas. Este avance no solo contribuirá a mejorar las condiciones laborales, sino que también brinda un respaldo importante para el desarrollo sostenible de las MIPYMES.
Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos, persisten desafíos cruciales que amenazan el crecimiento y la estabilidad financiera de estas empresas. Un aspecto crucial que debe abordarse de manera urgente es la relación entre las MIPYMES y el Estado como comprador. La participación de los micro y pequeños empresarios en la provisión de bienes y servicios al Estado es vital, pero se enfrentan a obstáculos significativos que impactan directamente en su capacidad para operar de manera eficiente y expandirse.
Uno de los desafíos más acuciantes es el tiempo prolongado que transcurre desde la entrega de productos o servicios hasta el momento del pago por parte del Estado. Según testimonios de gremialistas como Luis Tavela, la espera puede extenderse hasta 90 días e incluso alcanzar los 500 días en algunos casos. Esta demora en los pagos se convierte en una verdadera barrera para el crecimiento de las MIPYMES, ya que obstaculiza la continuidad de la cadena productiva y pone en riesgo la viabilidad financiera de estas empresas.
El viceministro del MIPYMES, Gustavo Giménez, se encuentra al frente de la promoción de este sector, pero se enfrenta a la dura realidad de la burocracia estatal, que dificulta la agilización de los pagos a los pequeños empresarios. La necesidad apremiante es encontrar mecanismos que rompan con esta rigidez burocrática y permitan a las MIPYMES cobrar de manera más rápida y eficiente.
El dilema al que se enfrentan los microempresarios es claro: producir con eficacia y aguardar pacientemente el pago por sus productos. La solución no solo radica en la producción eficiente, sino también en una pronta remuneración que permita reinvertir y mantener en movimiento la cadena productiva. Es imperativo que el Gobierno encuentre soluciones efectivas para facilitar que estos emprendedores se constituyan como proveedores del Estado y, al mismo tiempo, agilice los procesos de pago.
Mientras se celebran los avances en la inclusión de las MIPYMES en el sistema previsional y otras facilidades, es esencial que las autoridades pongan un enfoque renovado en la resolución de este problema crucial. Superar los obstáculos burocráticos y agilizar los pagos a los emprendedores proveedores debe ser una prioridad, o de lo contrario, estudiar algún mecanismo que permita la continuidad de la cadena productiva de este sector empresarial que representa un importante motor económico para el país.
