En un giro inevitable debido a la presión ciudadana, la Contraloría ha decidido retractarse en relación con el intento de traslado del funcionario José Luis Torales, quien simultáneamente ocupa el cargo de presidente interino del Partido Encuentro Nacional. Este cambio de postura se ha producido únicamente debido a las múltiples denuncias de algunos medios que han señalado la incompatibilidad ética y legal de dicha situación.
Aunque la Contraloría inicialmente consideró el traslado como una medida para descomprimir la situación de Torales, hoy el caso ha derivado en la apertura de un sumario administrativo, lo cual parecería insuficiente y, sin duda, levantará críticas sobre la transparencia del proceso. La falta de claridad y la aparente falta de rigurosidad en el cuestionado intento de traslado han aumentado la desconfianza en la institución encargada, nada menos que de velar por el correcto ejercicio de la función pública.
Este episodio revela la importancia de la participación ciudadana en la supervisión de las acciones gubernamentales. La presión ejercida por la sociedad ha obligado a la Contraloría a reconsiderar su posición y a reconocer la necesidad de una revisión más exhaustiva del caso. Esta presión no debe cesar. Debemos estar muy atentos al modo en que se desarrolle el proceso sumarial.
El cuestionado funcionario ha ofrecido una conferencia de prensa en la que indicó que pondría a consideración de su partido una eventual renuncia al cargo de presidente del PEN. Sin embargo, el hecho de que funja como presidente de un partido no ofende a la ciudadanía; lo que sí ofende es que permanezca en la función pública a pesar de haber optado por la carrera política militante.
En este contexto, cabe preguntarnos: ¿No debería renunciar a su cargo de funcionario de la Contraloría? La respuesta parece evidente, ya que su principal soporte, la senadora Kattya González, ha dado sus primeros pasos en política criticando de la forma más dura a actores políticos involucrados en este tipo de casos y solicitando su inmediata renuncia sin más trámite.
Entonces, en honor a la coherencia, el decoro y la delicadeza que deben distinguir al presidente de un partido político, el señor Torales debería renunciar sin más trámite a la función pública. Además, debemos recordar que ha existido otro actor en esta trama: el Subcontralor de la República. Este funcionario ha acatado sin contemplaciones el pedido de traslado y lo ha suscrito.
La responsabilidad en el hecho es pues compartida. Tanto el trasladado como quien dispuso el irregular traslado deben ser sometidos a sendos procesos. Hasta hoy no existe indicio alguno de investigación respecto al Subcontralor.
Es imperativo destacar que la retractación de la Contraloría implica el reconocimiento por parte de la institución de la existencia de hechos irregulares en el traslado dispuesto. Por ende, todos los involucrados deberían responder en igual medida.
En virtud de la insuficiencia del sumario y la persistente controversia en torno a este caso, se plantea la exigencia de que el funcionario en cuestión renuncie, no a la presidencia del partido Encuentro Nacional, sino a la función pública. Esta medida se presenta como un paso crucial para restablecer la confianza de la ciudadanía en la integridad de las instituciones gubernamentales y del partido político en cuestión, y lograr garantizar el respeto a los principios éticos que deben regir el servicio público y la vida política.
