La autorización del traslado definitivo por parte del subcontralor Augusto Paiva al actual presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN) plantea interrogantes sobre la integridad del proceso y la responsabilidad del subcontralor en este acto. El denominado «blanqueo» de la situación del presidente interino del PEN genera preocupación, ya que existen hechos que parecerían escapar del ámbito de la transparencia y concordancia con las normativas éticas y legales.
La decisión del subcontralor Paiva plantea ciertamente dudas sobre su rol y compromiso con la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, al punto de que ciertos actores políticos ya especulan con un posible juicio político. La responsabilidad de cualquier comisionamiento debe ser cuidadosamente evaluada para evitar percepciones de favoritismo o manipulación de la normativa. Debemos recordar la denuncia que pesan sobre el Sr. José Luis Torales, por haber supuestamente percibido tres asignaciones del Congreso.
La sociedad demanda claridad y rendición de cuentas en este proceso, ya que la integridad de las instituciones es fundamental para el buen funcionamiento democrático. Debemos apartar en cuestiones como estas los sesgos propios de los fanatismos políticos, ya que estos impiden ver con claridad los hechos que ante nuestros ojos ocurren. En estos días se han puesto de moda las denuncias por supuestos hechos de nepotismo, y varios sectores se han embanderado, tal vez por genuina indignación, tal vez por afán político, o acaso por cumplir el rol opositor.
Lo cierto es que, de existir aquellos casos denunciados masivamente, el caso que exponemos debería tener al menos el mismo nivel de indignación, si no uno mayor. Nos encontramos nada menos que ante el traslado definitivo de un funcionario cuestionado, en sospechosas circunstancias, con nota favorable obtenida en 24 horas, y ordenada nada menos que por un alto funcionario cuya principal obligación es auditar la gestión gubernamental. Irónico, no?
Por esto, en honor a la imagen de la institución, la cual tiene tan delicada función, el subcontralor debe ser escrutado por su actuar y la ciudadanía debe exigir la máxima transparencia para garantizar la legitimidad de este proceso, así como de otros cuestionables. Se debe preservar la confianza en las instituciones ya tan mal vistas en nuestro país.
