El Estado tiene la responsabilidad de manejar con cautela y criterio los datos sensibles que llegan a sus manos. El gobierno de turno debe velar por la información financiera que tenga de los ciudadanos, pero además debe tener la sabiduría y prudencia para evitar mezclar sus funciones con sus celos políticos. El gobierno de Mario Abdo hizo lo contrario. De manera ruin, recurrió a la divulgación irregular de datos de los cuales debió haber sido fiel custodio para ganar puntos políticos y restarlos a sus contrincantes. La prensa afín se relamía con la información que le era servida en bandeja, aunque hoy, las consecuencias de aquel actuar inescrupuloso empiezan a llegar.
En el contexto de los sumarios administrativos instruidos a funcionarios de la SEPRELAD, resulta imperativo abordar la seria preocupación que suscita la filtración y utilización de datos privados y sensibles de individuos y empresas por parte del gobierno de Mario Abdo. Este lamentable episodio no solo resalta la vulneración de la privacidad, sino también la instrumentalización de información confidencial con fines políticos. Incluso la propia GAFILAT había advertido respecto a esta mala práctica del gobierno de Abdo; sin embargo, los protagonistas del tráfico de información optaron por acatar la línea que se había bajado. Se debía atacar a los enemigos políticos a cualquier costo.
El indebido acceso a datos personales de inteligencia financiera representa una afrenta a la integridad de los ciudadanos y empresas afectadas, socavando la confianza en las instituciones gubernamentales. Los sumarios administrativos deben ser conducidos de manera transparente, diligente y tajante, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La utilización de información confidencial como herramienta de presión política evidencia una alevosa falta de ética y respeto a los principios democráticos y al derecho de todos los ciudadanos. La sociedad debe exigir rendición de cuentas y garantías de que estos actos no queden impunes, reforzando así la importancia de la protección de datos y la preservación de la privacidad como derechos fundamentales.
La ciudadanía y los organismos de control deben permanecer vigilantes para salvaguardar la transparencia y la ética en el ejercicio del poder. Los sumarios administrativos deben ser llevados a cabo de manera imparcial pero implacable, asegurando que se respeten los derechos de los involucrados, pero con el fin de lograr el restablecimiento de la confianza en las instituciones públicas. Ya no existe cabida para actos de terrorismo político en los cuales los gobernantes de turno se adueñan de las instituciones y las someten a sus más bajos instintos.
