Pasa el tiempo y los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no aclaran el origen del incendio. La Justicia Electoral es una institución sobredimensionada de personal público. Hay guardias en cada tramo y funcionarios que vienen y van casi en cada metro. ¿Cómo es que nadie vio nada?. Dirán como intento de respuesta que sucedió después de las 13.00. Estamos hablando de la quema de las máquinas que debían usarse para las elecciones primarias de diciembre próximo y las generales de abril 2023.
No es poca cosa un tema que se refiere al repentino fuego que consumió el sector donde se hallaban guardadas las urnas electrónicas. Las dudas hasta pueden crecer cuando parece que por obra de magia el mutismo llegó incluso al espectro mediático. Hasta el pobre funcionario fallecido en el hecho pasó en el olvido. ¿Casualidad es todo el sigilo y reserva actual o es parte de una montada campaña de silencio?
Se habla de transparencia y no hay reporte certero de si esas urnas fueron alquiladas o adquiridas. Unos hablan que son de la institución. Otros alegan que fueron prestadas. En medio de esa diferencia de posición, lo mejor es mostrar con documento la verdad. Así como debe revelarse con papeles en manos que están aseguradas, como afirmó el presidente del TSJE, Jaime Bestard, entonces, es coherente saber en qué condiciones y por qué monto.
No podemos dejar que quede en el ambiente ninguna duda. Ni son prudentes las especulaciones de que el siniestro pudo haber sido premeditado. Lo único público hasta ahora es que Bestard solicitó a la Comisión Bicameral una ampliación de G. 15.000 millones (USD 2,1 millones) para subsanar los daños causados por el fuego de la siesta.
Tal monto se solicitó para albañilería, mantenimiento de sistemas de agua, sanitario y refrigeración; adquisición de nuevos aparatos de incendio y seguridad; compra de muebles y enseres; y finalmente, para nuevos equipos informáticos para las votaciones e impresiones de expedientes electorales. Si hay seguro, ¿de qué monto es y dicha cantidad habrá de reponerse luego al erario público en concepto de devolución ante el pedido que hizo Bestard a la Bicameral?
Los comicios del 2023 son una oportunidad para enderezar por el camino de la corrección todo el proceso electoral. Es la vía que dará autoridad para luego exigir, con mayor dinámica, eficiencia a los electos. Dejar sospechas sobre un siniestro, tal como sucedió, no es la mejor manera de acompañar la democracia paraguaya. Seguimos con prudencia el caso. Eso no significa que no hagamos preguntas sobre lo sucedido.
Sentimos que hay una ciudadanía que cree que hay respuestas que no vienen de forma creíble. Esa gente tiene derecho a saber. Pues es la que pagará el nuevo pedido de USD 2,1 millones para tapar el agujero financiero. Además del nuevo monto solicitado a la Bicameral, la Justicia Electoral ya tiene una asignación de USD 93,4 millones para el año próximo. Es mucho dinero para una democracia, que por ahora es más ritual, de elecciones cada cinco años, que de beneficio para el pueblo paraguayo.
