El contrabando de productos agrícolas en un país agrícola y con el partido en el Gobierno declarado agraristas puede sonar una mentira. Sin embargo, no es así en el caso de Paraguay. Esta semana de nuevo, como otras, fue incesante el ingreso ilegal de tomate. En otros tiempos eran de cebolla y otros productos. En su momento se denunció, incluso. la importación de ajo de China.
La lógica indica que si hay contrabando, hay contrabandistas, que no son únicamente quienes trasladan el producto de un país a otro. Por eso hay que tratar de observar quiénes son los más beneficiados. Entonces allí las miradas deben girar hacia los comerciantes. Es que por los volúmenes, enormes cargas, doña Juana y don Juan no son precisamente los que llevan sobre sus hombros y no tienen el suficiente recurso financiero para hacerlo a escala comercial.
Resulta doloroso que en éste país agrícola y con un partido declarado agrarista, el reclamo de los productores no tenga eco en las autoridades. Es un círculo repetido que viene de años. Algunos se ven obligados a vender a bajo precio como no pueden competir con el ilícito. Otros, como muestra de irritación, tiran sus utilidades por las calles. ¡Duele!
No nos engañemos; detrás de todo hay toda una organización delictiva poderosa. Obviamente cuenta con la ayuda de funcionarios públicos. Es que el contrabando se baila entre dos. El ingreso de mercaderías foráneas sin el pago de los derechos aduaneros y tributos internos es una práctica que viene de años. Algunos medios de prensa sólo persiguen a los «pequeños contrabandistas» en sus «investigaciones periodísticas». Sin embargo, la operación es a gran escala, siendo uno de los males corrientes que más perjudica al Estado y a los paraguayos honestos.
Según el Código Aduanero, contrabando es acción u omisión, operaciones o manejos que tiendan a introducir al país o extraer de él mercaderías o efectos de cualquier clase, violando los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan el tema. Hay que señalar que el contrabando es un delito de acción penal pública, que está castigado con la cárcel hasta con cinco años o con multas.
Con el ingreso ilegal de las mercaderías, no se pagan los derechos aduaneros y en la práctica, además, se deja de pagar el 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con lo que perjudica al erario doblemente con estas evasiones. El contrabando perjudica a los más humildes. Porque al no tributar impuestos y tasas, se roba al Estado. En el caso de los productos agrícolas, el daño es mayor: Pues golpea la razón de ser de nuestros agricultores. Todo eso ocurre, como decimos más arriba, en un país agrícola y con un partido que se declara agrarista y que hace años convive en el poder.
