La Tribuna denunció con responsabilidad que había olor a juez y parte en el caso del entonces presidente del BCP, José Cantero Sienra, y el sumario a INTERFISA. Aún con su destitución anunciada por el presidente Santiago Peña, seguimos exigiendo conocer la versión de los miembros del Directorio del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos sobre el citado hecho. Es que percibimos que hay gravedad en el accionar perverso de los directivos bancarios, que incluso amerita la acción fiscal.
Hoy tenemos en nuestro poder la respuesta del BCP ante el pedido de informe de la Cámara de Diputados. Esperamos tener en nuestra Redacción la posición de la máxima entidad bancaria ante la petición de la Contraloría, como igualmente interesa saber el informe técnico de la entidad contralora de la República.
Como prueba basta un botón, suele decirse. Al respecto, nuestra página hoy concentra su atención en la posición de dos miembros del Banco Central, quienes el 23 de mayo del 2023, por medio de un memorandum dirigido a la Unidad Jurídica, solicitaban un informe pormenorizado que aclare cómo se computaba el plazo de prescripción para el caso de personas que se hayan desvinculado de la entidad durante la acción continuada. Ergo, se refería a Cantero Sienra, que actuaría de juez y parte en el tema INTERFISA, siendo años antes gerente general de la financiera privada.
Esos dos miembros son: Carmen Marín y Humberto Colmán. Tal vez, abrieron el paraguas o buscaron alguna respuesta para justificar el accionar del entonces presidente del BCP. Ellos consultaron a la Unidad Jurídica: «Si la actividad continuada que constituye la falta es una suma de actos antijurídicos parciales ¿puede tratarse de manera independiente estos actos en el caso de las personas físicas en cuanto al cómputo de prescripción?».
Lo cierto es que luego el sumario se dio a conocer días después; el 8 de junio del año en curso. En efecto mediante la resolución N.º 7 de la fecha mencionada, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso, sancionar a la entidad bancaria INTERFISA y a exdirectivos de la misma, por “faltas graves” detectadas en sumario. Obviamente, en el sumario no fue tenido en cuenta el tiempo que estuvo Cantero Sienra, y menos que él sea penado, como otros, como ex directivo.
Sabemos que Cantero Sienra ya no sigue en el BCP. Tampoco estamos cayendo sobre mojado al insistir sobre el tema. Nuestro objetivo es mostrar a los lectores que confían en nosotros que el caso es grave, porque todo se máquinó entre las máximas autoridades del BCP, con el guiño cómplice de la Superintendencia, por lo que creemos que igualmente su titular, Hernán Colmán, debe ser removido.
Es gravísimo sí se asume como real que internamente, en el Directorio del BCP, ya sabían que la acción de Cantero Sienra era irregular. Incluso hablan entre ellos de acciones continuadas. El sumario instruido en octubre de 2022 abarcó operaciones del 2018 al 2020, y llamativamente no incluyó los periodos 2016 y 2017 en las que Cantero se desempeñaba como gerente del banco.
La consulta de los directores Marín y Colmán no puede ser más obvia en cuanto a la preocupación sobre la participación Cantero Sienra en los hechos irregulares investigados, y de cómo se puede dejar impune una parte y afectar con la sanción solo la porción del todo. Esto se puede notar en el siguiente cuestionamiento formulado por los directores: “Tratándose de personas que participaron total o parcialmente en el hecho infractor ¿cuál es el criterio jurídico que justificaría que una porción de los hechos constitutivos de infracción, que hacen de una actividad continuada quede exenta de sanción?.
El párrafo anterior revela dudas o complicidad dentro del mismo directorio del BCP. Lo concreto es que gracias a que tenemos en la Redacción el informe remitido por el BCP a Diputados es posible sumar la sospecha que se tramó toda una ingeniería para blanquear las gestión de Cantero Sienra, como gerente de Interfisa Banco. Una lectura de todo el documento hace presumir, incluso,que actuó toda una organización delictiva, donde también hay culpa de la Superintendencia. Todo lo publicado por La Tribuna hoy es de público conocimiento, y a esta altura ya merece una intervención del Ministerio Público.
