Desubicadas, lamentables y hasta peligrosas resultan las recientes declaraciones del Presidente de la República con las que atacó a medios de prensa por supuestamente “mentir” sobre cuestiones relativas a gestiones de gobierno. Impropias para alguien que ostenta la primera magistratura de la República, riesgosas para una de las libertades fundamentales del sistema democrático, como es la libertad de prensa.
“Es una mentira de la pocilga mediática de Cartes”, manifestó Abdo Benítez ante el requerimiento periodístico sobre las negociaciones y costos de la venta de combustible por parte de la petrolera estatal, PETROPAR, a Bolivia. El nivel del discurso, obviamente, es inadecuado para un jefe del Ejecutivo, o bien habla mucho de la consideración y respeto que tiene el mismo hacia su propio cargo y hacia la ciudadanía a quien representa. Paradójicamente, esta expresión la dio en el día internacional del acceso universal a la información, derecho que es intrínseco a la democracia y debe ser fuertemente promovido para que las personas puedan ejercer otros derechos y puedan monitorear y controlar la gestión de sus autoridades.
Si hay mentira publicada, la autoridad debe contrarrestarla con información cierta, con documentos explícitos y con voluntad clara a favor de la transparencia. El contraataque grosero y la agresividad tosca ante requerimientos o investigaciones periodísticas son propias de mentes totalitarias, no de demócratas ni estadistas.
Pero más aún, desde estas páginas nos ocupamos de este incidente por lo riesgoso que puede ser para la libertad de prensa y el libre y seguro ejercicio del periodismo.
En efecto, se ha venido señalando desde organismos internacionales y de defensa de derechos humanos la importancia de proteger y garantizar la seguridad en la tarea periodística, pues ella resulta fundamental para una ciudadanía informada. Y también, se ha reiterado en múltiples ocasiones que los gobiernos, las autoridades, tienen un deber especial de protección al ejercicio del periodismo, y éste incluye no provocar la violencia a partir de discursos hostiles que pueden generar acciones violentas de parte de grupos de adherentes al político o a la autoridad que difunde tales discursos. Esto no tiene que ver con un grupo mediático en específico, ni con posturas políticas enfrentadas entre dirigentes y puestas de relieve en el escenario público. Tiene que ver con la necesidad de mantener vigente la democracia y para ello se precisa un alto respeto a la tarea de la prensa y el periodismo, principalmente por parte de autoridades y políticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sostenida jurisprudencia, ha señalado que la obligación del Estado y los gobiernos de garantizar la libertad de expresión “requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
Si el Presidente de la República tiene críticas o reparos a la labor de los medios tiene el derecho de decirlas, pero con un lenguaje respetuoso y sobre todo con hechos y evidencias de su gestión. No con un discurso de barricada y menos con expresiones que hablan más de un lumpen mental que desnuda afectos y raigambres autoritarias. Por algo, en la historia nacional y del mundo entero, los dictadores siempre pusieron como primeros enemigos a destruir a la prensa y los periodistas independientes.
Desde La Tribuna podemos estar de acuerdo o no con posiciones editoriales de colegas en la prensa, pero nunca hesitaremos en defender los principios esenciales de la libertad de prensa, de la libertad y seguridad para el ejercicio del periodismo, y del derecho sagrado de la ciudadanía a estar informada. La democracia republicana no puede ser construida sin estos derechos, sin estas libertades. Y quienes así lo valoren, deben comprender que el silencio ante el avance de posturas autoritarias puede constituirse en peligrosa complicidad para la destrucción de dichas libertades.
