Desde el Congreso Nacional se gesta un anteproyecto de ley que apunta a regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en Paraguay, una medida que —en principio— es bienvenida. En tiempos donde la tecnología avanza a ritmos vertiginosos, el Estado no puede quedar rezagado en materia de protección de derechos fundamentales ni de resguardo institucional frente a usos indebidos de herramientas cada vez más sofisticadas.
La iniciativa, anunciada por el senador Basilio Núñez, presidente del Congreso, contempla aspectos sensibles como la privacidad de los datos personales, la suplantación de identidad y la manipulación de imágenes, audios y videos mediante IA.
Hoy ya no se trata de amenazas futuras: estos escenarios están ocurriendo, y muchas veces sin que la ciudadanía cuente con mecanismos legales claros para defenderse. Las estafas digitales, las falsificaciones de voz y rostro, y la difusión de contenidos manipulados han dejado de ser una posibilidad remota para convertirse en un riesgo cotidiano.
Sin embargo, toda regulación debe ir acompañada de un enfoque que no frene el desarrollo. La inteligencia artificial representa también una oportunidad para Paraguay: mejorar la fiscalización pública, modernizar la educación, potenciar la agricultura, optimizar servicios de salud, entre otros tantos usos positivos.
La ley que se impulsa no debe ser un obstáculo para la innovación, sino un marco que otorgue certezas jurídicas y éticas, tanto a la ciudadanía como a los desarrolladores y emprendedores tecnológicos.
Por ello, es imprescindible que el tratamiento legislativo de esta norma no repita errores del pasado. Basta recordar los proyectos sobre criptomonedas o minería digital, donde se confundieron conceptos básicos, mezclando activos virtuales con procesos de minado, lo que reveló un preocupante desconocimiento técnico por parte de varios legisladores.
La inteligencia artificial es aún más compleja. Por tanto, antes de legislar, el Congreso debe capacitarse, consultar a expertos locales e internacionales, escuchar al sector académico, a la industria tecnológica y a la sociedad civil.
Paraguay no puede quedar al margen del debate global sobre la IA. Ya hay marcos regulatorios en vigor en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China y Brasil. No se trata de copiar modelos, sino de construir uno propio, ajustado a nuestra realidad, pero en diálogo con las mejores prácticas internacionales.
Que este debate sirva no solo para proteger a la población, sino también para impulsar una política pública que integre la tecnología como herramienta para el desarrollo nacional.
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