Un conductor de plataforma de viajes agredió salvajemente a una pasajera en medio de la calle. La escena fue captada por cámaras de seguridad. No se trata de un hecho aislado, sino el síntoma de un problema más complejo que las empresas de movilidad no logran resolver.
Las aplicaciones prometen seguridad a través de verificaciones por selfies, botones de pánico y sistemas de calificación. Sin embargo, cuando ocurren estos episodios, queda claro que los protocolos actuales son insuficientes.
En el caso señalado, la plataforma respondió con el bloqueo inmediato del agresor y la promesa de cubrir los gastos médicos y el acompañamiento, pero el daño ya está hecho.
El detonante fue una discusión por un cobro con tarjeta, algo que debería resolverse con un reclamo a soporte técnico, no con violencia verbal ni mucho menos física. Pero más allá del motivo específico, lo alarmante es que conductores con este perfil sigan operando en las plataformas.
Los filtros de selección, las verificaciones de antecedentes y los sistemas de monitoreo en tiempo real están fallando. Tanto usuarios como conductores realmente no saben con qué tipo de persona se topan, aunque estén plenamente habilitados y calificados por puntaje.
Las empresas de transporte tienen la obligación de garantizar la integridad de sus usuarios y conductores. No basta con reaccionar cuando el video del ataque ya se viralizó.
Se necesitan mecanismos más efectivos para detectar conductores o usuarios problemáticos antes de que suban a alguien a su auto, sistemas de alerta temprana que actúen ante comportamientos agresivos y respuestas inmediatas cuando un usuario reporta una situación de riesgo.
La tecnología existe para crear sistemas más seguros, pero hace falta voluntad para implementarlos de manera efectiva. El Estado también tiene un grado de responsabilidad al no tomar medidas en esta problemática que se va tornando repetitiva.
Las plataformas de viajes deben ser reguladas. Solo una es nacional, pero las demás operan desde el exterior, y ni siquiera tributan en el país.
En el Congreso nacional duermen proyectos de leyes que apuntan a dar garantías a los conductores que exponen sus vehículos para el lucro de una multinacional que no tiese siquiera oficina en Paraguay. Una regulación también podría servir para tener más transparencia en cuanto a quiénes ofrecen este servicio, pero lo que no se puede es seguir en una tierra de nadie donde conductores y usuarios todos los días se exponen a la violencia y la inseguridad.
