Las recientes inundaciones en Fuerte Olimpo y otras comunidades del Chaco paraguayo nos obligan a mirar atrás. Los registros de los últimos años muestran que estos desastres se repiten, casi siempre en los mismos meses, sin que cambie el resultado: familias desplazadas, caminos destruidos y regiones enteras aisladas. ¿No desnuda esto el fracaso acumulado de las políticas públicas?
Una vez más, la catástrofe deja a cientos de familias sin hogar y agrava el aislamiento del Alto Paraguay. La infraestructura deficiente y la falta de previsión convierten la asistencia humanitaria en una carrera contra el tiempo. Las respuestas oficiales llegan tarde y mal: declaraciones de emergencia sin respaldo logístico, medidas reactivas que no resuelven el problema de fondo.
Los datos lo confirman. Según reportes oficiales, las precipitaciones aumentaron un 18% en la última década. Basta revisar los registros de prensa para constatar que, entre 2019 y 2023, el volumen de agua acumulada en esta época pasó de 100 mm a 300 mm. Aun así, la inversión en prevención sigue en caída.
El Presupuesto General de la Nación 2025 asigna apenas el 0,15% del PIB a la gestión de riesgos, con un recorte del 20% en programas específicos como el Programa 231, respecto al año anterior. Un retroceso que contradice todos los diagnósticos técnicos disponibles.
En 2022, se identificaron 23 comunidades en riesgo extremo de inundación. Este año, el 65% de ellas volvió a sufrir anegamientos. Hasta la fecha, la Secretaría de Emergencia Nacional reporta 687 familias afectadas solo en Fuerte Olimpo, con 12 comunidades completamente aisladas. Se habilitaron tres refugios temporales que apenas cubren a 150 familias. También se conformó una Base Aérea de Operaciones de Rescate, integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Aéreas, para canalizar la ayuda humanitaria. Pero todo eso llega después de la emergencia.
El patrón se repite: advertencias ignoradas, acciones tardías y promesas que se diluyen. El problema no es técnico. El país cuenta con herramientas y planes bien diseñados. Lo que falta es decisión política y capacidad de ejecución.
Prevenir no es una opción, es una obligación. Sin una verdadera priorización presupuestaria y una política pública sostenida, seguiremos lamentando tragedias que, como ahora, eran evitables.
