El sistema falla de nuevo a los niños y adolescentes del país. Dos casos fueron muy sonados esta semana exponiendo la realidad cruel a la que se enfrenta esta franja vulnerable: un director acusado de acoso a una niña y absuelto por el juzgado pese a pruebas abrumadoras y una adolescente embarazada resultado de un abuso, cuyo caso se tuvo conocimiento meses después del hecho.
Estos no son errores aislados, sino síntomas de un Estado que no protege a sus menores.
Indignación nacional. El caso del acoso por parte del un director, quien envió más de 600 mensajes inapropiados a una menor, causó el repudio de todo un país debido a que el juez del caso lo absolvió alegando falta de pruebas que encajen en el hecho punible. Sin embargo, uno de los jueces explicó que el fiscal del caso solo incluyó 5 mensajes en la acusación. ¿Por qué la fiscalía ignoró las demás pruebas? ¿El sistema judicial, realmente está del lado de la víctima?
Es importante mencionar que el victimario no fue separado de la institución educativa. El MEC está a la espera de las resultas judiciales para tomar medidas, pero alegan preocupación por la revictimización.
El otro caso más grave aún, es un embarazo producto de un abuso, y un sistema que ignoró completamente a la víctima, dejando a su agresor libre. Tanto así que el MINNA tuvo conocimiento 5 meses después a través de los medios de prensa. ¿Dónde estaban los mecanismos de protección?
En Paraguay, 4 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día, en su mayoría a consecuencia de abusos y solo 1 de cada 10 denuncias resultan en condena. Muchos de los casos se pierden en el laberinto judicial por falta de seguimiento. Con estos datos del Ministerio de la Niñez se releva un patrón alarmante: las niñas violentadas son invisibles para un Estado que reacciona demasiado tarde.
Mientras los agresores siguen libres, incluso reintegrados a sus labores y en contacto con posibles nuevas víctimas, las familias en desgracia deben enfrentar el costo económico y emocional (ignorando a veces esta última).
Si las instituciones no actúan, la sociedad debe recordarles la obligación, porque el silencio, nos hace cómplices. No podemos permitirnos ser sumisos ante las injusticias y que Paraguay se conozca como un país donde violentar a nuestros niños tenga consecuencias mínimas. Urge una reforma y sanciones reales para los funcionarios que incumplan el deber de proteger a menores.
