Hoy, más que nunca, nuestro país necesita de una política de ciberseguridad de Estado. Con base en los últimos hechos está demostrado la urgencia de esta necesidad. En efecto, estamos asistiendo como sociedad a un crecimiento sostenido de los incidentes cibernéticos que afectan tanto a instituciones públicas como al sector privado. La cifra oficial —2.857 incidentes entre 2019 y 2024, según el MITIC— revela una vulnerabilidad preocupante para un país que avanza hacia la digitalización sin blindaje suficiente.
El problema no es menor. Estamos hablando de la infiltración en sistemas estatales, en dispositivos de ciudadanos e incluso en centros educativos. Desde simples correos no deseados hasta complejos intentos de secuestro de bases de datos empresariales. La amenaza es constante, transversal y difícil de rastrear, lo que complica cualquier intento de respuesta efectiva.
La ciberseguridad dejó de ser una cuestión exclusivamente técnica. Hoy es un componente esencial de la seguridad nacional, y así debe ser entendido. Su impacto directo en áreas sensibles como la salud, las finanzas y la privacidad ciudadana obliga a establecer un enfoque estratégico, integral y sostenido. La falta de cultura digital en buena parte de la población, sumada a una escasa inversión en tecnología de defensa informática, nos expone aún más como sociedad.
Frente a este escenario, resulta alentador que las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección General de TIC (Digetic), hayan iniciado un proceso de fortalecimiento con apoyo técnico y logístico del Comando Sur de EE.UU. La cooperación incluye equipamientos, capacitación y simulacros cibernéticos, con una inversión de 3,5 millones de dólares. Esta alianza representa un paso relevante.
Sin embargo, la ciberdefensa no puede depender exclusivamente del ámbito militar ni de la ayuda internacional. Debe ser una política pública transversal. El Estado paraguayo necesita definir e implementar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con recursos propios, coordinación interinstitucional y liderazgo político.
Además, urge actualizar el marco legal vigente, garantizar la formación constante del personal técnico y promover campañas ciudadanas de concienciación y alfabetización digital.
Con el desarrollo tecnológico, está más que comprobado que ciberseguridad debe ocupar el mismo lugar prioritario que la defensa territorial. Porque hoy, desde ya hace mucho tiempo, las guerras no solo se libran en las fronteras físicas, sino también en las invisibles redes del ciberespacio.
