En un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, el presidente Santiago Peña ha puesto sobre la mesa un tema que resuena profundamente entre los paraguayos: la difícil situación económica de la clase media. El mandatario admitió que este segmento de la población enfrenta serios desafíos para llegar a fin de mes, una realidad que contrasta con los beneficios percibidos por los sectores más vulnerables y los más acomodados.
Peña reconoció que las políticas públicas implementadas hasta ahora han estado orientadas principalmente hacia los sectores más humildes, algo que ha generado avances significativos en la reducción de la pobreza. Asimismo, destacó que la estabilidad macroeconómica ha favorecido a las inversiones empresariales y, por ende, a los sectores más ricos. Sin embargo, esta dinámica ha dejado a la clase media en una posición desventajosa, atrapada entre dos extremos que han cosechado mayores beneficios económicos.
En respuesta a esta problemática, Peña prometió una medida concreta: reducir el precio de la electricidad. “Para muchas familias, la factura de la ANDE es un ítem demasiado grande dentro de su gasto”, afirmó el presidente. Esta iniciativa busca aliviar uno de los costos fijos más significativos para los hogares paraguayos y podría representar un alivio tangible para la clase media.
En efecto este sector de la población es la que más ha sufrido los efectos de la pandemia, ya que al estar en una posición intermedia, y al no estar nucleada en una organización que la represente, no fue beneficiada con asistencias y exoneraciones. Son miles de familias que buscaron la forma de sobrevivir, reinventándose o emprendiendo, pero que siguen acogotadas por compromisos financieros. Es por que inevitablemente, surge la pregunta sobre si esta medida de reducción del precio de la energía será suficiente para revertir años de desatención hacia un segmento poblacional clave para el desarrollo del país.
El reconocimiento del problema por parte del presidente es un paso importante, pero también plantea interrogantes sobre las estrategias necesarias para abordar las dificultades estructurales que enfrenta la clase media. La inflación acumulada en productos básicos y el aumento del costo del supermercado son desafíos inmediatos que requieren soluciones integrales. Más allá de bajar el precio de la energía, se necesita una política económica que fomente el crecimiento inclusivo y reduzca las desigualdades entre los distintos sectores sociales.
