El espionaje brasileño contra Paraguay en plena negociación sobre Itaipú no es un incidente menor ni una simple anécdota diplomática. Es un ataque directo a la soberanía nacional, una acción calculada con objetivos claros: obtener ventaja en la renegociación del Anexo C y perpetuar la asimetría en el beneficio de la energía que Paraguay genera y Brasil consume. Ante tamaña agresión, la respuesta del Gobierno paraguayo debe estar a la altura del desafío: ser proporcional, inteligente y efectiva.
El escándalo que hoy sacude las relaciones bilaterales no es una conjetura ni un rumor infundado. Documentos judiciales brasileños revelados por la prensa de ese país detallan cómo la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ejecutó una operación clandestina para robar datos sensibles de la negociación sobre Itaipú. Con técnicas propias del espionaje militar, como el uso del software Cobalt Strike, y con el respaldo de una estructura organizada que incluyó viajes a Chile y Panamá para borrar huellas, la operación dejó en claro que Brasil no confió en el poder de la diplomacia para defender sus intereses, sino en la intrusión y el engaño.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha intentado deslindar responsabilidades, argumentando que la operación fue autorizada por el gobierno de Jair Bolsonaro y anulada en 2023. Sin embargo, la falta de transparencia y el hecho de que la acción haya continuado durante meses bajo la administración actual siembran serias dudas sobre cuán desligado está realmente el actual Gobierno brasileño de esta grave acción contra Paraguay.
Ante este panorama, Paraguay enfrenta dos riesgos. El primero es la inacción: limitarse a una nota de protesta, esperar una explicación superficial de Brasil y dejar que el escándalo se diluya con el tiempo. El segundo, caer en una retórica nacionalista vacía, sin acciones concretas. Ninguna de estas vías es aceptable.
Por el momento, el gobierno de Santiago Peña ha decidido congelar todas negociaciones del Anexo C hasta que el gobierno de Brasil brinde las aclaraciones correspondientes, a satisfacción de Paraguay. Es una medida acertada, pero además nuestro país tiene la posibilidad de escalar el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Ciberseguridad de Naciones Unidas, demostrando que este no es un simple caso de inteligencia rutinaria, sino una acción hostil con impacto en la seguridad regional.
En segundo lugar, Paraguay puede tomar medidas simbólicas, pero efectivas: congelar acuerdos menores, como la cooperación en seguridad fronteriza, hasta que Brasil ofrezca una disculpa formal. Al mismo tiempo, internamente es momento de fortalecer de inmediato nuestra seguridad cibernética mediante la contratación de firmas internacionales especializadas, como empresas suizas o israelíes, para auditar y blindar las redes gubernamentales.
Pero la respuesta no debe limitarse a la ciberseguridad. Paraguay debe usar este episodio como una herramienta de presión en la renegociación del Anexo C de Itaipú. El espionaje es una prueba de que Brasil no negoció de buena fe. Por ello, es imperativo exigir precios indexados al mercado y no sujetos a la discrecionalidad brasileña. Además, a partir de ahora, y con base en la experiencia, nuestros negociadores deben incluir en el tratado una cláusula anti-espionaje con sanciones millonarias en caso de incumplimiento.
La soberanía no se mendiga ni se defiende con discursos inflamados. Se negocia con frialdad, con estrategia y con la convicción de que el respeto se gana exigiéndolo.
