El peligro de viajar en chatarras

El incidente ocurrido en Asunción, donde una mujer resultó herida tras ser impactada por la puerta de un colectivo que se desprendió en plena marcha, es una muestra más del peligro al que se exponen a diario los pasajeros y peatones en Paraguay. La empresa involucrada, ya está siendo investigada, pero la cuestión de fondo es mucho más grave: ¿quiénes permiten que estos vehículos continúen circulando?

No es la primera vez que se registra un caso similar. Hace pocos días, otra unidad del transporte público también perdió su puerta en plena avenida, obligando al conductor a detenerse para recogerla. Estos episodios reflejan un problema estructural en el sistema de transporte: la ausencia de controles serios y la permisividad con la que empresas continúan operando con flotas en estado deplorable.

Las municipalidades tienen la facultad de expedir habilitaciones vehiculares, pero de los 263 municipios del país, solo un puñado cuenta con una inspección técnica vehicular eficiente. En la mayoría de los casos, la documentación se otorga sin verificaciones, convirtiendo el trámite en una mera formalidad para que los municipios puedan recaudar. Como consecuencia, circulan vehículos que, en otros países, ya habrían sido enviados al desguace.

El Viceministerio de Transporte intervino para determinar las responsabilidades en este caso puntual, pero la solución no puede quedarse en una investigación administrativa y una posible multa. Es necesario que se establezcan mecanismos de control más estrictos y permanentes para evitar que estos episodios sigan repitiéndose.

El transporte público no es un simple servicio comercial, sino una necesidad básica para miles de ciudadanos que no tienen otra opción para movilizarse. Cada día, estudiantes, trabajadores y familias enteras se ven obligados a utilizar unidades que ponen en riesgo su vida. La seguridad en el transporte es un derecho que debe garantizarse con políticas públicas serias y no con reacciones esporádicas ante tragedias anunciadas.

El problema no es nuevo, y la solución tampoco es un misterio. Basta con voluntad política, controles efectivos y sanciones ejemplares para quienes juegan con la vida de los pasajeros.