El dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que crea un fondo especial para la asistencia a víctimas de accidentes de tránsito responde a una realidad innegable: Paraguay vive una epidemia de siniestros viales. Con 19 de cada 100 muertes atribuidas a accidentes de tránsito y entre 1 y 4 personas amputadas diariamente que acuden a la Senadis en busca de prótesis, la situación es alarmante. Sin embargo, como hemos insistido en reiteradas ocasiones, ninguna ley logrará resultados si no atacamos el problema de fondo: el descontrol absoluto en la concesión de licencias de conducir.
Las cifras de accidentes y muertes viales son consecuencia de un sistema permisivo, donde la ley de la selva impera en nuestras calles y rutas. La facilidad con la que se otorgan registros de conducir en los municipios es un problema estructural que nadie quiere abordar. Con la honrosa excepción de un solo municipio que aplica un examen riguroso, en las demás 260 municipalidades del país las licencias se pueden obtener con trámites mínimos e, incluso, por correo. Esto implica que miles de conductores sin preparación ni conocimientos sobre normas de tránsito circulan a diario, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás.
Manejar un vehículo no es solo una actividad cotidiana; es una responsabilidad que exige pericia, conocimientos y respeto por las normas. Pero en Paraguay, lamentablemente, cualquier persona puede acceder a un registro sin demostrar competencia. Los resultados están a la vista: motociclistas sin cascos ni formación, automovilistas que desconocen las prioridades de paso y peatones expuestos a un peligro constante.
El proyecto de ley, denominado «Antipolladas», apunta a crear un fondo solidario financiado por diversas fuentes, como un pequeño arancel al renovar licencias, reparaciones sociales de infractores y el IVA de motocicletas importadas. La intención de asistir a las víctimas es loable, pero sin una reforma profunda del sistema de otorgamiento de licencias, seguiremos multiplicando accidentados. Parcheamos las consecuencias sin enfrentar la causa.
Es momento de que el debate político se enfoque en la prevención y no solo en la mitigación de daños. Las municipalidades deben ser obligadas a aplicar exámenes rigurosos y homogéneos para conceder licencias. El Estado debe asumir su rol regulador y garantizar que solo quienes estén verdaderamente capacitados puedan ponerse al mando de un vehículo.
Si no se toman decisiones firmes ahora, la epidemia de accidentes continuará. Mientras tanto, seguimos contando muertos y amputados cada día, en un país donde conducir sigue siendo un derecho irrestricto y no una responsabilidad.
