Lo ocurrido en la base de la Senad de Salto del Guairá es la confirmación de lo que venimos denunciando desde hace meses: la lucha contra el narcotráfico en Paraguay es una farsa si no se erradica la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. La desaparición de 770 kilos de marihuana de un recinto que debería ser inexpugnable es un reflejo del nivel de podredumbre al que ha llegado la institución encargada del combate al crimen organizado.
El hallazgo de este escándalo no es producto de una investigación interna, sino de un procedimiento judicial que evidenció el faltante en el pesaje previo a la incineración de la droga. Si la jueza, Rosarito Montanía, no hubiese detectado la irregularidad, quienes perpetraron este despropósito estarían respirando tranquilo, disfrutando de su impunidad.
Precisamente, uno de los casos más emblemáticos de esta descomposición institucional es el de Felipe Santiago Acosta, alias «Macho». Las autoridades lo presentan como el narcotraficante más buscado del país, pero la realidad es que sigue produciendo y comercializando drogas sin obstáculos. Su estructura criminal se mantiene intacta, lo que solo es posible gracias a la protección y complicidad de funcionarios estatales.
Este hecho debe motivar una reacción inmediata y enérgica del gobierno nacional. No basta con allanar la sede de la Senad o anunciar sumarios administrativos. Es urgente una depuración total de la institución y una investigación penal seria que llegue hasta las últimas consecuencias. Los responsables de este descaro deben ser identificados y castigados con todo el peso de la ley.
El combate contra el narcotráfico debe demostrarse más allá de los gestos simbólicos. No se puede seguir tolerando que las mismas instituciones encargadas de combatir el crimen sean cómplices del negocio que dicen combatir. La Senad, en su estado actual, se ha convertido en un eslabón más de la cadena de corrupción que alimenta el narcotráfico en Paraguay. Una verdadera vergüenza.
