Hoy se cumplen dos años de la asunción del doctor Emiliano Rolón Fernández al frente del Ministerio Público, una institución clave en el ordenamiento jurídico del Estado y en la seguridad del país. Su gestión ha estado marcada por altibajos, ante una sociedad, que cada vez exige mayor eficiencia a la fiscalía. Al evaluar su gestión Rolón habla de avances en la organización fiscal y la descentralización de la autoridad, pero también por sobre alarmante realidad: la Fiscalía opera con una preocupante carencia de tecnología.
En una época en la que el crimen organizado emplea métodos cada vez más sofisticados, la falta de herramientas modernas en el Ministerio Público no solo es un obstáculo para la justicia, sino un riesgo para la seguridad de todos. En una entrevista publicada hoy en nuestras páginas, el doctor Rolón Fernández expone con crudeza la precariedad de la institución: la ausencia de escáneres para rastrear cuerpos en el subsuelo, la inexistencia de identificadores faciales y la falta de equipos de análisis forense en regiones clave del país.
No se trata de una queja vacía. La tecnología ha demostrado ser determinante en la resolución de crímenes. Un caso concreto lo demuestra: el secuestro de un colono en Alto Paraná se resolvió en tiempo récord gracias a una herramienta tecnológica que permitió identificar en la zona a uno de los responsables. Un solo dispositivo, en un solo operativo, marcó la diferencia. ¿Cuántos crímenes más podrían resolverse si el Ministerio Público contara con los recursos necesarios?
El fiscal general del Estado ha solicitado presupuesto para actualizar la capacidad tecnológica de la institución, pero el Congreso ni siquiera ha tratado su pedido, según las declaraciones de Rolón Fernández. Nuestros legisladores deben dejar de lado esta indiferencia. La sociedad no puede exigir resultados sin dotar de herramientas a quienes deben impartir justicia.
El Paraguay enfrenta hoy una amenaza creciente del crimen organizado, con secuestros sin resolver y redes delictivas que operan con impunidad. No se puede combatir un enemigo del siglo XXI con métodos del siglo pasado. Si realmente queremos respuestas, es hora de que nuestras autoridades asuman el compromiso de destinar los recursos necesarios para fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público.
