El cateo realizado ayer en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero expuso, una vez más, el nivel de descontrol imperante dentro de los recintos penitenciarios del país. La incautación de un arsenal de armas blancas, drogas, bebidas alcohólicas, celulares y hasta equipos de sonido confirma lo que desde hace tiempo se denuncia: las cárceles paraguayas han sido tomadas por las organizaciones criminales y funcionan como verdaderos enclaves del delito.
El operativo Veneratio logró desmantelar el poder del Clan Rotela dentro de Tacumbú. Sin embargo, los penales regionales evidentemente siguen siendo tierra liberada para los criminales. En Pedro Juan Caballero, el hallazgo de cartuchos de alto calibre, herramientas, drogas en distintas presentaciones y hasta una planta de marihuana dentro de la penitenciaría pone en evidencia que los internos no solo operan con impunidad, sino que cuentan con complicidad desde adentro. No es posible que semejante cantidad de objetos ingresen a una cárcel sin el aval de quienes están a cargo de la seguridad.
La decisión de trasladar a reclusos del Primer Comando da Capital (PCC) y del Clan Rotela a otras penitenciarías, incluyendo la de máxima seguridad de Alto Paraná, son medidas plausibles, pero aquí hay que apuntar a las causas. La clave para frenar el poder de estas organizaciones criminales dentro de las cárceles no está solo en los cateos esporádicos o en la redistribución de presos, sino en atacar la raíz del problema: la corrupción enquistada en el sistema penitenciario.
Es inaceptable que en una institución donde cada movimiento está (o debería estar) vigilado por agentes penitenciarios y por un sistema de control, ingresen con total libertad elementos que transforman a la cárcel en un centro de operaciones criminales. Como reza la frase popular, «no tiene la culpa el chancho, sino quien le da de comer». No se puede entender la impunidad con la que operan los delincuentes en los penales sin la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
El Ministerio de Justicia debe asumir su rol con seriedad y compromiso. No basta con allanar pabellones y exhibir en conferencias de prensa el botín decomisado. Es imperativo investigar y sancionar a los funcionarios penitenciarios que permitieron que el penal de Pedro Juan Caballero llegara a este nivel de descontrol. Sin un proceso de depuración real dentro del sistema, los cateos seguirán siendo meros parches temporales.
Las cárceles paraguayas no pueden seguir siendo fortalezas del crimen organizado. Si las autoridades no toman decisiones firmes y sostenidas en el tiempo, el país seguirá sufriendo las consecuencias de un sistema penitenciario convertido en una incubadora de violencia e inseguridad.
