La presentación del proyecto de ley de ampliación presupuestaria para la construcción de sanitarios en las escuelas públicas del país, impulsado por el senador Silvio Ovelar, expone una realidad que debería avergonzar a toda la sociedad paraguaya. Que en pleno siglo XXI aún existan cerca de 350 instituciones educativas con letrinas precarias es una afrenta no solo a la dignidad de los estudiantes y docentes, sino a los valores básicos de una nación que pretende avanzar hacia el desarrollo.
Desde la promulgación de la Ley N° 4758/2012, que creó el FONACIDE, se han transferido millonarios recursos a gobernaciones y municipalidades con el propósito específico de mejorar la infraestructura escolar. Entre 2012 y 2021, se destinaron aproximadamente USD 450 millones a estas entidades para tales fines. ¿Cómo es posible que, tras más de una década y semejante volumen de dinero, aún haya niños que deban realizar sus necesidades en letrinas rudimentarias?
El propio proyectista lo expresa con claridad: “la existencia de letrinas en las escuelas no es solo un problema de infraestructura, sino una cuestión que atenta contra la dignidad humana, representa una barrera para el aprendizaje y pone en riesgo la salud pública. No se puede hablar de calidad educativa cuando ni siquiera se garantizan las condiciones mínimas de salubridad para los escolares”.
La sociedad paraguaya merece respuestas. Es imperativo que los intendentes y gobernadores de las zonas donde se encuentran estas escuelas den explicaciones claras y rindan cuentas sobre el destino de los recursos que recibieron con la etiqueta de “mejoramiento de infraestructura escolar”.
Es cierto que el proyecto “Letrina Cero” se presenta como una solución definitiva para erradicar esta problemática. Sin embargo, los legisladores que hoy apoyan esta ampliación presupuestaria tienen la obligación moral de ir más allá. Deben asumir su rol de contralores y exigir informes pormenorizados sobre la ejecución de los fondos del FONACIDE destinados a infraestructura escolar en cada municipio y gobernación.
Es inadmisible que se recurra a una nueva ampliación presupuestaria para resolver un problema que debió haberse solucionado hace años con los recursos ya desembolsados. La ciudadanía no puede seguir siendo testigo pasivo de la impunidad con la que se manejan los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales de cualquier iniciativa que busque mejorar la calidad de la educación.
No basta con construir baños modernos si no se destierran las prácticas corruptas y la desidia que han permitido que los escolares paraguayos sigan siendo víctimas de un sistema que los relega a la indignidad. La educación es el futuro del país, pero ese futuro debe construirse sobre la transparencia y una administración honesta de los recursos públicos.
