Por décadas, el microcentro de Asunción, al igual que muchas otras ciudades del país, ha sido un territorio usurpado por los denominados “cuidacoches”. Este pseudo servicio, impuesto de manera coercitiva, se convirtió en un problema endémico que simbolizaba la incapacidad del Estado para proteger al ciudadano y garantizar el uso correcto de los espacios públicos. Ahora, finalmente, parece que las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad han decidido actuar.
Desde las primeras horas del jueves, la Municipalidad de Asunción, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo en el centro histórico de la capital para erradicar esta actividad irregular. No se trata de un simple despeje de las calles, sino de una acción que envía un mensaje contundente: el abuso, la extorsión y la apropiación ilegal de espacios públicos no serán tolerados, según señalaron los intervinientes.
Los cuidacoches no solo ocupaban ilegalmente las calles, sino que operaban bajo un esquema que en cualquier lugar con un mínimo de orden sería considerado una mafia. La ciudadanía estaba obligada a pagar un monto por un supuesto “cuidado” de su vehículo, bajo la amenaza de que, si no lo hacía, el automóvil podría sufrir daños. Los testimonios sobre actos de violencia y las denuncias de cobros exorbitantes, especialmente durante eventos especiales, son innumerables.
La complicidad de algunas autoridades, como policías de tránsito e incluso efectivos de comisarías, contribuyó a perpetuar esta problemática. ¿Cómo es posible que en una sociedad que paga sus impuestos para que el Estado garantice la seguridad, el ciudadano haya tenido que resignarse a ser extorsionado en plena vía pública? Este esquema, que combina usurpación, amenaza y extorsión, es una clara afrenta al Estado de Derecho.
El operativo de referencia, que incluyó el retiro de objetos utilizados para reservar espacios y la detención de cuidacoches con cuentas pendientes con la Justicia, debe ser un punto de inflexión. La promesa de las autoridades de que esta medida será definitiva despierta esperanza, pero también plantea un desafío: la consistencia en su aplicación. La ciudadanía, harta de este abuso, exige que el Estado no baje la guardia y que la vigilancia sea permanente.
El problema, sin embargo, no es exclusivo de Asunción. Municipios como Ciudad del Este y Encarnación también padecen este flagelo. En estas zonas, los cuidacoches no solo afectan a los residentes locales, sino que también espantan a los turistas, dañando la imagen del país y perjudicando la economía local. Es por ello que esta iniciativa debe extenderse a todo el territorio nacional.
El desempeño de los cuidacoches no puede ser visto como una forma de sustento o trabajo digno. En el mejor de los casos, es mendicidad disfrazada; en el peor, una forma de extorsión. Ambas realidades deben ser abordadas con políticas claras: programas de reinserción laboral y asistencia social para quienes realmente lo necesiten, y la aplicación estricta de la ley para quienes se nieguen a abandonar estas prácticas ilegales.
El Estado tiene la obligación de recuperar los espacios públicos para el disfrute de todos los ciudadanos y de garantizar que el uso de estos se haga dentro del marco de la legalidad. Sería de ilusos creer que este será el fin de este flagelo. El camino hacia un país libre de cuidacoches será largo y requerirá voluntad política, control continuo y una ciudadanía activa que exija sus derechos.
En una sociedad que aspira a ser moderna y justa, no hay lugar para la extorsión disfrazada de servicio.
