La decisión de la Junta Municipal de Asunción de eliminar la penalización por cruzar los semáforos en luz amarilla, contenida en la ordenanza N° 92/2023, refleja un problema mucho más profundo que trasciende el simple debate sobre el color de una señal de tránsito. Es una muestra más del desorden estructural que rige nuestras calles y del uso distorsionado que los municipios hacen de las normativas de tránsito: no como herramientas para mejorar la seguridad vial, sino como meros mecanismos de recaudación.
Desde hace tiempo venimos hablando de que el tránsito en todo el país es un caos, y las raíces de este problema están bien identificadas. Los municipios han convertido las licencias de conducir en simples mercancías, otorgándolas sin exámenes rigurosos de capacidad y conocimientos. Esta práctica genera conductores que desconocen las normas básicas, y es el germen de accidentes, congestiones y conflictos cotidianos.
En este contexto, la pretensión de multar a quienes cruzan en amarillo parecía más una excusa para engordar las arcas municipales o facilitar la coima que un intento serio de mejorar el tránsito. La luz amarilla tiene un propósito claro: advertir al conductor para que decida, dependiendo de su posición y velocidad, si puede detenerse de manera segura. Convertirla en una infracción sancionable no iba a mejorar la fluidez vehicular ni reducir los accidentes; solo habría sumado arbitrariedad y discrecionalidad en la fiscalización, otorgando más poder a los agentes de tránsito, quienes en muchos casos (por no decir en la mayoría) operan bajo incentivos ajenos al interés público.
Es evidente que no se puede hablar de mejorar el tránsito en Asunción mientras persistan prácticas como el estacionamiento en doble o triple fila, permitido a conveniencia por la Policía Municipal de Tránsito (PMT). A esto se suma la falta de señalización adecuada, la ocupación de las calzadas por negocios y vendedores y la ausencia de un sistema moderno y transparente para gestionar el tránsito.
Por supuesto, no podemos ignorar las limitaciones tecnológicas que dificultan la aplicación de sanciones objetivas. Sin cámaras, sensores ni un sistema automatizado de control, depender de la «percepción» de un agente de tránsito solo abre la puerta a conflictos e interpretaciones subjetivas. Pero el verdadero problema no radica en la falta de tecnología (que a esas alturas ya existen muchas), sino en la corrupción enquistada en nuestras instituciones.
Para que Asunción tenga un tránsito más ordenado y seguro, es necesario empezar por depurar los cuadros de la PMT y garantizar que las leyes de tránsito sean herramientas de orden y no de abuso. Esto debe ir acompañado de una inversión seria en infraestructura vial y en tecnología para el control del tráfico, además de campañas educativas que enseñen a los conductores y peatones el significado y la importancia de las normas de tránsito.
La eliminación de la sanción por cruzar en amarillo, aunque parece un avance en cuanto a claridad normativa, no resuelve el caos que reina en nuestras calles. Es hora de que las autoridades municipales asuman su responsabilidad y entiendan que la seguridad vial no se construye con multas arbitrarias, sino con reglas claras, fiscalización honesta y una administración comprometida con el bienestar de la ciudadanía.
