La prolongada sequía que atraviesan diversas regiones de nuestro país ponen a prueba las capacidades de respuesta de nuestras instituciones, ante los desastres naturales. Según reconocieron las propias autoridades del Consejo de Seguridad, gracias a los trabajos preventivos realizados se logró evitar que estas emergencias lleguen al nivel de catástrofe.
Como hemos insistido en editoriales anteriores, la concienciación es la mejor herramienta para mitigar los desastres. La prevención debe estar en el centro de las políticas públicas, y eso incluye la necesidad de desarrollar campañas efectivas que despierten en los ciudadanos el sentido de responsabilidad para tomar acciones concretas.
El Consejo de Seguridad, integrado por varias entidades, ratificó que los trabajos coordinados entre el Gobierno y diversas instituciones han sido fundamentales para evitar daños mayores. El ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, destacó que estas acciones preventivas permitieron contener las consecuencias de los incendios, en comparación con lo ocurrido en países vecinos. Sin embargo, el hecho de que el 99% de los incendios forestales sean provocados evidencia que aún enfrentamos un grave problema de conciencia ciudadana.
En las últimas semanas, hemos visto cómo varias reservas naturales fueron destruidas, causando daños irreparables a la fauna y flora de esas áreas. El 90% de estos incendios fueron causados deliberadamente, un dato alarmante que debe llevarnos a exigir medidas más severas.
El Ministerio Público debe actuar con determinación, llevando adelante investigaciones a fondo y aplicando sanciones ejemplares a los responsables. Cada acción judicial debe enviar un mensaje claro de que estos delitos no serán tolerados.
Es también necesario que estas sanciones tengan un efecto disuasivo. Los incendios provocados no solo destruyen el medio ambiente, sino que también ponen en peligro vidas humanas, agravan la crisis hídrica y afectan la producción agroganadera, pilares fundamentales de nuestra economía.
El desafío está planteado: evitar que los incendios y otros desastres naturales se conviertan en catástrofes recurrentes. Lograrlo dependerá de la capacidad de anticipación del Estado, de la aplicación de la justicia y, sobre todo, de la participación activa de una ciudadanía consciente y comprometida con el futuro del país.
