La promulgación de la Ley N.º 7280, que establece una reforma y modernización de la Policía Nacional, representa un importante paso hacia la consolidación de una institución de seguridad más eficiente y equipada. El Estado ha priorizado como nunca antes a esta entidad, dotándola de nuevos equipos, incorporando personal y ampliando sus facultades. Sin embargo, este voto de confianza que la sociedad y el Gobierno otorgan a la Policía Nacional no está exento de retos, especialmente en un país donde la corrupción es un flagelo endémico que afecta a todas las instituciones.
Los recientes escándalos que involucran a miembros de la Policía Nacional, lejos de ser casos aislados, exponen una preocupante realidad que debe ser enfrentada con determinación. En Canindeyú, la detención de tres agentes, sorprendidos descargando 286 kilos de marihuana en un puerto clandestino, es una prueba contundente de la connivencia entre elementos corruptos de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Esta situación no es nueva; hemos advertido repetidamente que el narcotráfico en esta región no podría haber alcanzado tales dimensiones sin la complacencia de quienes, precisamente, tienen la responsabilidad de combatirlo.
Por otro lado, el episodio en Barrio Obrero, donde tres agentes de la Policía, en evidente estado de ebriedad y vestidos de civil, intentaron extorsionar a una familia, es una muestra del desprecio por los principios éticos que deberían regir el actuar policial. Este tipo de conductas no solo deshonra el uniforme, sino que también erosiona la confianza ciudadana en una institución que debería ser garante de la seguridad y el orden.
Aunque ambos casos se encuentran bajo investigación, el historial de ineficiencia y falta de resultados de Asuntos Internos de la Policía genera escepticismo. Muchas investigaciones terminan en el temido «oparei», alimentando la percepción de impunidad y debilitando aún más la ya frágil imagen de la institución.
Es imperativo que la Policía Nacional y el Ministerio del Interior asuman con seriedad el desafío de depurar sus filas. La corrupción no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia, especialmente ahora que se les confiere mayores recursos y atribuciones. La confianza ciudadana no es un cheque en blanco, y los responsables de dirigir la institución deben entender que cada escándalo mina el esfuerzo colectivo por construir un país más seguro.
