La cuestión indígena en nuestro país sigue siendo un desafío que pone en evidencia la falta de políticas públicas integrales y efectivas. Las manifestaciones en la Avenida Artigas, bloqueando uno de los principales acceso a la capital, las quejas de los vecinos de la sede del INDI, y los conflictos generados por el eventual traslado del Instituto Paraguayo del Indígena a Ñemby son síntomas de un problema mucho más profundo, que no puede ser resuelto con medidas parciales.
Es innegable que cada comunidad indígena posee su propia cultura, sistema de vida y necesidades específicas. Sin embargo, históricamente el tratamiento de la cuestión indígena en el país ha carecido de una visión diferenciada y contextualizada. Existen varios casos concretos de experiencias exitosas, de comunidades nativas que han demostrado que, con planes concretos y una ejecución adecuada, es posible salir de la precariedad e incluso convertirse en actores económicos relevantes, como exportadores de productos agrícolas. Tal es el caso por ejemplo de los nativos de Puerto Barra en Alto Paraná, o las comunidades asentadas en el Chaco Central.
El gobierno está desarrollando acciones importantes como la entrega de viviendas en Presidente Hayes, que forma parte de un plan estratégico para garantizar el acceso a una vivienda digna. Este tipo de acciones deben ser celebradas, pero también multiplicadas. La entrega de 12.610 viviendas es un logro muy importante, pero todavía hay comunidades, relegadas con demandas históricas de servicios básicos como electricidad, agua potable y educación.
Un aspecto clave que no puede ser ignorado es el impacto de las manifestaciones en zonas urbanas. Los moradores cercanos al local del INDI en Asunción han expresado su malestar por las constantes protestas, una situación que también genera tensión social. Es imprescindible que el INDI elabore un plan de contingencia para garantizar condiciones dignas para los manifestantes y minimizar el impacto en la población urbana. Esto incluye espacios de descanso y alimentación, así como estrategias de mediación que eviten el colapso de la vida diaria en la ciudad.
La solución a los problemas indígenas debe ir más allá de lo inmediato y considerar también las causas estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión. Esto implica invertir en educación, salud, acceso a tierra y proyectos productivos sostenibles, respetando siempre las particularidades culturales de cada comunidad. No es una tarea fácil, pero es una deuda histórica que el país no puede seguir ignorando.
En palabras del presidente de la República, Santiago Peña, “la colaboración entre las instituciones gubernamentales es clave para lograr resultados que mejoren la vida de las familias más vulnerables”.
Paraguay tiene la capacidad y los recursos para abordar el problema indígena de manera integral. Es hora de apostar por un enfoque estructural que combata no solo las consecuencias, sino también las causas de los conflictos indígenas.