La ruptura de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela no es un hecho aislado ni inesperado. Este episodio se suma a una serie de tensiones que desde 2019 han definido la relación entre los dos países, marcadas por el cierre de embajadas y el reconocimiento de gobiernos opuestos. La decisión del presidente Santiago Peña de apoyar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela reafirma una continuidad en la postura de la política exterior paraguaya: la defensa de la democracia y el rechazo a las dictaduras.
La respuesta de Nicolás Maduro, acusando a Paraguay de ignorar el derecho internacional y subordinando su política a intereses extranjeros, es una demostración más de su afán por desviar la atención de las gravísimas violaciones de derechos humanos que caracterizan a su régimen. Maduro no solo enfrenta acusaciones por la represión sistemática contra la disidencia y el encarcelamiento de miles de opositores políticos, sino que también carga con un historial de injerencias como su recordada arenga a los militares paraguayos, durante la crisis política de 2017, para levantarse contra el Congreso Nacional.
Paraguay, un país que soportó durante 35 años una de las dictaduras más prolongadas de América Latina, ha aprendido de su historia. La memoria de las violaciones a los derechos humanos sufridas por generaciones de paraguayos obliga al Estado a mantener una postura firme y coherente ante cualquier régimen que someta a su pueblo bajo el yugo autoritario. El respaldo a la oposición venezolana, que ganó las últimas elecciones, refuerza este principio, y además posiciona a Paraguay como un defensor de la democracia en la región.
El próximo 10 de enero, fecha programada para la juramentación presidencial de González Urrutia, será un momento clave que podría intensificar la crisis política en Venezuela. El mundo entero observa expectante, no solo los movimientos del régimen de Maduro, sino también la capacidad de los líderes latinoamericanos para actuar con responsabilidad y coherencia en defensa de los valores democráticos.
Paraguay ha elegido un camino que no admite neutralidades cómplices ni alianzas con dictadores. Este ejemplo debería inspirar a otros países a reforzar su apoyo al pueblo venezolano, que enfrenta una de las peores crisis humanitarias de su historia. La comunidad internacional tiene un deber moral: garantizar que los millones de venezolanos que han sido forzados al exilio puedan regresar a un país libre, donde sus derechos fundamentales sean respetados.
