La incautación récord de más de 57.000 kilos de marihuana prensada en la zona de Canindeyú, resultado del Operativo Marangatú, es sin duda uno de los mayores golpes al narcotráfico en dicho departamento. El operativo, que incluyó enfrentamientos armados, detenciones y el decomiso de armas y municiones, es una muestra plausible de lo que se puede lograr con inteligencia y acción conjunta. Es innegable que las actuales autoridades están trabajando de manera decidida para desarticular estructuras criminales de gran envergadura. Pero, como en toda lucha prolongada, surgen interrogantes que no pueden ser ignoradas.
El principal de ellos gira en torno a Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”. Este criminal, sindicado como el mayor productor de marihuana de la región, sigue libre y operando con una impunidad alarmante. Resulta incomprensible que en un territorio relativamente pequeño, con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad, un individuo con semejante historial pueda continuar desafiando al Estado.
La magnitud de la incautación realizada pone de manifiesto no solo el alcance del negocio delictivo, sino también el nivel de organización y de infraestructura con el que cuenta esta red criminal. Sembrar, cosechar, procesar y almacenar tal cantidad de marihuana no es una tarea que se hace de la noche a la mañana, ni que pueda pasar desapercibida. Esto lleva a una inevitable conclusión: existe complicidad, ya sea activa o pasiva, de autoridades locales. En Paraguay, donde “todo se sabe”, resulta difícil creer que las actividades de “Macho” no sean de conocimiento público en la zona.
Es urgente que las autoridades den un paso más en esta cruzada. El próximo operativo debe culminar con la captura de Felipe Santiago Acosta Riveros y la desarticulación total de su estructura criminal.
El Estado debe garantizar que los responsables de proteger a la ciudadanía no sean los mismos que faciliten o toleren el accionar delictivo. La limpieza de las filas policiales y de otras instituciones en la región es una tarea impostergable. Asimismo, la justicia tiene el deber de actuar con firmeza y celeridad, asegurando que quienes caigan en sus redes no encuentren la manera de evadir su responsabilidad.
