La violencia contra las mujeres en Paraguay sigue siendo una lacerante herida que nos recuerda diariamente la urgencia de actuar con mayor firmeza y determinación. A pocos días de concluir el 2024, los datos del Ministerio Público son alarmantes: 29 feminicidios registrados hasta noviembre y un número creciente de casos de violencia familiar que tiñen de dolor y desesperanza a nuestra sociedad. Más allá de las cifras, cada caso representa una vida truncada, familias desmembradas y niños y niñas que quedan huérfanos, enfrentando un futuro incierto.

La promulgación de la Ley de Pensión para Niñas, Niños, Adolescentes y Personas con Discapacidad, víctimas colaterales de feminicidio o violencia familiar, es sin lugar a dudas una medida acertada. Esta normativa, que establece una pensión equivalente a 15 jornales mínimos para garantizar el sustento y atención integral de las víctimas indirectas, debe ser celebrada. Sin embargo, el desafío va mucho más allá del simple cumplimiento legal. Es imperativo asegurar que esta ley sea implementada con eficacia y que se traduzca en un verdadero alivio para quienes han perdido tanto.

El compromiso estatal debe abarcar también diseñar e implementar planes integrales que aborden no solo la protección económica de los huérfanos del feminicidio, sino también su salud mental, su educación y su inclusión en una sociedad que aún no logra erradicar las raíces de la violencia. Estos niños merecen un entorno seguro y amoroso que les permita sanar y desarrollarse como ciudadanos plenos.

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Por otra parte, los números de violencia familiar y feminicidios reflejan una problemática estructural que requiere soluciones profundas. Nuestra sociedad sigue enferma, y su recuperación demanda insistir en la educación como herramienta transformadora. Las campañas de concienciación deben multiplicarse, y los programas de salud mental deben estar al alcance de todos, como parte de un esfuerzo colectivo por prevenir las tragedias que hoy lamentamos.

La prevención del feminicidio también pasa por fortalecer las redes de apoyo para las mujeres en situación de riesgo. Debemos garantizar que las denuncias sean atendidas con celeridad y seriedad, que los agresores sean sancionados ejemplarmente y que las víctimas reciban protección efectiva. En un país donde se registra un feminicidio cada siete días y tres denuncias de violencia familiar por hora, la “tolerancia cero” debe convertirse en una política de Estado.