La publicación de fotografías en redes sociales de la instalación de radares en la Ruta PY02 generó desconfianza entre los conductores, evocando episodios pasados en los que radares tercerizados se convirtieron en instrumentos de lucro desmedido y corrupción. Las autoridades aclararon que los artefactos, en la actualidad, tienen como propósito exclusivo recopilar datos estadísticos sobre la velocidad de los vehículos y no emiten multas.
No podemos ignorar que, en países donde el control de velocidad mediante radares estáticos es institucionalizado, estos dispositivos funcionan como herramientas efectivas para la regulación de velocidad y la prevención de accidentes. En ese sentido, hemos señalado en editoriales anteriores la necesidad de establecer un sistema similar, de radares estáticos, pues el control que ejercen los radares móviles de la Patrulla Caminera está lejos de ser transparente. Estos aparatos, manejados manualmente, se han convertido en símbolos de corrupción, donde las coimas superan el objetivo principal: preservar vidas.
La proliferación de accidentes de tránsito por exceso de velocidad en nuestras rutas, especialmente en tramos concesionados como la Ruta PY02, es una realidad alarmante. La instalación de radares estáticos en puntos estratégicos puede representar un avance muy importante en la seguridad vial, siempre que se implementen con seriedad, supervisión estatal y un enfoque educativo, no punitivo ni lucrativo.
El uso de radares puede ser un pequeño paso para mejorar la seguridad en nuestras rutas. Sin embargo, es imprescindible avanzar hacia un sistema sancionatorio automatizado, respaldado por servidores institucionales que resguarden los datos, alejándose de cualquier manejo discrecional.
La ciudadanía tiene motivos para desconfiar. La historia reciente, marcada por la explotación abusiva de radares tercerizados, ha dejado un precedente negativo. Para revertir esta percepción, las autoridades deben comunicar claramente los objetivos de estos proyectos y garantizar que cualquier sistema futuro esté regido por principios de transparencia y control público.
La seguridad vial no puede seguir relegada a la improvisación ni a prácticas corruptas. Radares estáticos, bien administrados, tienen el potencial de salvar vidas y transformar nuestras rutas en espacios más seguros.