El Operativo Peine Fino en la penitenciaría de Ciudad del Este arroja una verdad tan contundente como preocupante: las cárceles paraguayas son territorios donde el crimen organizado impone su ley. La incautación de drogas, armas, bebidas alcohólicas y un laboratorio clandestino no solo refleja el nivel de impunidad, sino que evidencia una connivencia estructural entre internos y funcionarios de mandos medios.
En editoriales anteriores hemos señalado que el problema penitenciario en Paraguay no se resuelve con el simple cambio de directores. La corrupción no reside únicamente en las cúpulas visibles, sino en los eslabones intermedios del sistema, donde la mafia ha tejido redes profundas que sobreviven a los cambios de gobierno, ministros y directores. La realidad nos golpeó de frente durante la toma de la cárcel de Tacumbú por el clan Rotela, cuando los propios guardiacárceles actuaron como voceros de los delincuentes, evidenciando una total falta de control institucional.
El hallazgo de herramientas para un plan de fuga masivo y el ingreso recurrente de objetos ilícitos, como las municiones detectadas días antes del operativo, ponen de relieve una laxitud alarmante en los controles.
Es justo reconocer los esfuerzos recientes del gobierno, como la operación Veneratio, la expulsión de criminales extranjeros y la inauguración de penitenciarías de máxima seguridad. No obstante, la solución no puede limitarse a medidas reactivas. Un sistema penitenciario eficiente debe enfocarse en la reinserción social, acompañado de un efectivo apoyo del Poder Judicial que alivie la superpoblación de las cárceles, donde muchos reclusos cumplen penas por delitos menores o incluso irrelevantes.
Paraguay no puede avanzar en seguridad sin una intervención profunda en su sistema penitenciario. Esto implica depurar los mandos medios, implementar tecnologías de control avanzadas y capacitar al personal penitenciario. Más importante aún, debemos garantizar que estas instituciones dejen de ser guaridas del crimen y se conviertan en espacios de justicia y rehabilitación.
