Las festividades de fin de año traen consigo un aumento alarmante en las ciberestafas, una tendencia que la Policía Nacional ha confirmado y atribuido, en gran parte, a operaciones coordinadas desde el interior de las cárceles del país. Pese a los avances en la aplicación de políticas estrictas dentro del sistema penitenciario, como la separación de presos peligrosos y la desarticulación de mafias carcelarias, las estafas siguen creciendo.

Es evidente que el problema persiste no por falta de operativos, sino porque se ha ignorado un factor crucial: la corrupción enquistada en los mandos medios del sistema penitenciario. Estos funcionarios, que manejan los hilos oscuros del poder en las cárceles, conocen cada vericueto del sistema y logran mantenerse intocables a través de los cambios de directores, ministros y gobiernos. Su complicidad es el verdadero motor que permite a los internos acceder a celulares y tecnología para seguir delinquiendo.

Las medidas implementadas hasta ahora han demostrado ser insuficientes. Mientras los reclusos sigan teniendo acceso a dispositivos móviles, y los funcionarios corruptos no sean destituidos y procesados, las penitenciarías seguirán siendo centros de operaciones para crímenes digitales y otras actividades ilícitas.

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La lucha contra la mafia carcelaria debe ir más allá de los presos. Es imperativo aplicar medidas implacables contra los funcionarios corruptos que sostienen estas estructuras. Esto incluye rotaciones periódicas de personal, controles estrictos, requisas implacables y auditorías independientes para identificar complicidades.

Por otro lado, el fenómeno de las ciberestafas evidencia una preocupante realidad: la facilidad con la que los delincuentes carcelarios acceden a información sensible, publicada en redes sociales para ejecutar fraudes. Este es un problema, que escapa al control carcelario, y por lo tanto debe encararse a través de campañas masivas de educación para que la ciudadanía evite ser víctima de estas estafas.

No obstante, si realmente se quiere cortar de raíz el poder de las mafias carcelarias, es hora de atacar el verdadero núcleo del problema: la impunidad de los funcionarios corruptos que operan en las sombras. Sin esta limpieza estructural, las penitenciarías seguirán siendo escuelas del crimen y oficinas de operaciones ilegales.